Comprar artículos de los que no se conoce su procedencia no es recomendable porque si han sido robados o sustraídos se puede incurrir en un delito de receptación, por lo que el comprador puede ser detenido con penas de 6 meses a 2 años de cárcel.
Además, con este tipo de intercambios se fomentan actuaciones contra los propios comerciantes (poniendo en peligro puestos de trabajo) e incluso otros delitos más graves, como atracos en la vía pública.