CUANDO la Transición había prácticamente culminado, el franquismo seguía sentado en los pupitres de las escuelas andaluzas, resistiéndose cual repetidor a una reforma que no acababa de despegar. La Junta de Andalucía asumió las competencias educativas en enero de 1983 sólo cinco meses después de constituirse el primer gobierno autonómico. La primera preocupación fue pagar las nóminas de los más de 50.000 profesores repartidos por 4.000 centros de enseñanza. El reto no fue garantizar que el sistema siguiera funcionando, sino poner en marcha una transformación que garantizara el derecho a la educación a toda la población.

Las tasas de analfabetismo, hace sólo treinta años, se asemejaban en Andalucía a las de cualquier país tercermundista: más de un 15% de la población. Uno de cada seis andaluces no sabía leer ni escribir, probablemente porque no había tenido acceso a las aulas y las tasas de absentismo eran inadmisibles; a los 14 años había muchos adolescentes colgaban la mochila, para trabajar o ayudar en las tareas domésticas. Y en este escenario se movían unos 55.000 profesores, que ejercían bajo la presión de una inspección educativa autoritaria, en el sentido más peyorativo del término: no ofrecía el asesoramiento ni los estímulos necesarios para que los docentes avanzaran en su formación, entre otros aspectos, porque el dinero que había era más que insuficiente.
El profesor y parlamentario Manuel Gracia, que fue el primer consejero de Educación andaluz, recuerda que uno de sus principales objetivos fue elaborar un mapa escolar nuevo. Se pretendía garantizar el acceso a la enseñanza en todos los rincones de una comunidad donde las aulas se desdoblaban en horario diurno y nocturno para dar la oportunidad de aprender a más andaluces. Se buscaba el refuerzo físico más que el escolar.

Y en  los primeros cuatro años, en la primera legislatura la reforma esperada arrancó. La comunidad educativa puso en marcha los primeros programas de alfabetización que le valieron varios premios internacionales y que en tres décadas han reducido el analfabetismo a una tasa del 3,9% y a un ritmo dos veces mayor al del resto de España. Se empezaron a construir en Andalucía nuevos colegios e institutos, una tarea que absorbió prácticamente el 90% de las inversiones de los primeros años de autonomía en los que el presupuesto para Educación fue el mayor de todas las partidas de la Junta.
También comenzó a hablarse de educación mixta a raíz de un decreto que obligó a mezclar a niños y niñas en los centros públicos;  y de compensatoria, llevando a los maestros a barrios marginales y zonas urbanas. Y en toda esta revolución no fue necesaria sólo la colaboración de los profesores, que pronto se integraron en nuevos movimientos pedagógicos, sino a las familias: se sentaron las bases de los primeros consejos escolares.

La democracia llegó a las aulas andaluzas ya entrados los años 80, cuando ni siquiera había bibliotecas en las escuelas públicas, que acogían a más de un millón de estudiantes. No obstante, el mayor esfuerzo se hizo en potenciar la enseñanza Secundaria obligatoria que la Junta peleó por implantar hasta los 16 años, dos años más que en los 90. Esto encerró en las aulas a no pocos alumnos con más interés en incordiar que en aprovechar las clases y que, quizás no como causa directa, disparó el índice de abandono escolar temprano. Así entre los 18 y los 24 años, hace dos décadas la mitad de los estudiantes decidía guardar los libros, una tasa que hasta la pasada legislatura rondaba el 35%. Datos que despertaron la necesidad de potenciar los ciclos formativos, dignificar la Formación Profesional y buscar salidas para frenar el fracaso. Si en 1981 impartían enseñanzas secundarias 197 centros públicos, hoy son 884 los institutos de ESO, Bachillerato y FP. Un avance que hubiera sido imposible sin el acompañamiento de unos presupuestos acordes con la dimensión del reto educativo, que sin embargo cada año se quedan cortos para atender las necesidades. Los últimos ejercicios el dinero con el que ha contado la Consejería de Educación ha supuesto un incremento superior al 400% con respecto a los de hace veinte años. De hecho, la partida para este año  multiplica por cinco la de 1988. Al igual que hay estudios que vinculan proporcionalmente el rendimiento escolar con el nivel de formación de los padres -y por ello el Gobierno andaluz se ha volcado en potenciar la enseñanza a todos los niveles, incluido el de adultos-, hay otros que vinculan el fracaso escolar con el esfuerzo inversor.
En esto Andalucía sigue fallando, a pesar de que se progresa adecuadamente. De hecho, la andaluza es la tercera comunidad española que más invierte en educación, actualmente el 5,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos de 2009, los últimos disponibles. Le superan Extremadura y Castilla-La Mancha, pero lejos se va quedando Madrid, donde no se llega al 3% del PIB. No obstante, hay diferentes varas de medir esta inversión: también los escolares andaluces reciben justo la mitad que los vascos, si se contempla el gasto por alumno frente a las macrocifras.
De cualquier manera, gran parte de este dinero se ha destinado a poner en funcionamiento lo que sería una segunda gran transformación del sistema educativo andaluz. La escolarización ya no es un problema, pues se ha generalizado e incluso hay algunos dicen que en las aulas está más del 100% de la población escolar si se contabilizan los inmigrantes que, a pesar de estar en situación irregular, tienen guardado su pupitre en Andalucía.
El segundo paso ha sido dotar a la escuela de los instrumentos necesarios para acercarla a los estándares de la escuela europea y para ello se ha hecho imprescindible la formación del profesorado, y también la incorporación de las nuevas tecnologías y la potenciación del bilingüismo, un proceso que no ha estado exento de fallos y cuya implantación se ha hecho también con algunas disfunciones. Baste un ejemplo: hay caracolas con ordenadores. ¿Cuál es la prioridad?
Los principales problemas llegaron en los 90, en los que la escuela vivió una especie de saturación de medios y soluciones inconclusas y empezaron a llegar las primeras tecnologías, a veces, sin manual de instrucciones. Se fijaron nuevos retos, como el bilingüismo, pero hoy no llega al 7% el porcentaje de alumnos que reciben su formación en dos idiomas.
Quizás uno de los problemas es que se ha ido avanzando a pasos agigantados pero sin cuidar la calidad, más números que letras y una secundaria, sobre todo, con muy baja calificación.
De hecho, cuando Antonio Pascual tomó el relevo a Manuel Gracia al frente de la Consejería, ya en 1986, llegó también el turno de abordar la enseñanza universitaria porque todos los anteriores niveles habían iniciado ya su particular transformación. La primera década fue básicamente cuantitativa y se hizo al amparo de una ley orgánica, la LODE, que corrigió el tímido espíritu constitucional del marco anterior, la LOECE, promovido por el Gobierno de la UCD.
Pero a primeros de los 90 la comunidad educativa no sólo era consciente de la necesidad de renovar también pedagógicamente el sistema educativo, sino que se había implicado ya en diversos movimientos que han marcado un antes y un después en la educación del país. Un centenar de centros andaluces se movilizó en torno a los primeros pasos de la Logse, sin duda, la ley que más ha influido en la escuela. Su defectuosa aplicación, a causa de la falta de recursos y formación para desarrollar su espíritu pedagógico, generó una oleada de posteriores reformas marcadas por el color político del Gobierno de la nación y no han servido para frenar el preocupante índice de fracaso escolar y abandono temprano alcanzado en la década de los 90.
La tasa de alumnos que no consiguió superar la ESO fue en 1996 superior al 40% en Andalucía y ha costado más de una década situarla por encima del 27%, un indicador que no deja de ser alarmante y que distancia a la comunidad andaluza de los niveles europeos. A partir de los 90 los diferentes informes PISA han ido lanzando señales de alerta y colocando a España, y aún peor a Andalucía, en el furgón de cola de la mayoría de los países avanzados.
Los hijos de la Logse forman una generación -los más catastrofistas dicen que perdida- que ha tenido pocos referentes fuera de la escuela y, en algunos casos, ninguno. La comunidad educativa hace tiempo que diagnosticó esta crisis de valores que ha instalado la violencia en las aulas y en los recreos y ha devaluado la autoridad de los docentes hasta límites insospechados. El maestro de primeros de los ochenta era una autoridad en el barrio y el de ahora es un colega al que se le exigen responsabilidades que deberían quedarse de puertas para dentro de cada hogar.  Andalucía tiene una de las tasas de repetidores en ESO más altas de España y el problema no se arregla sólo con profesores de refuerzo, por mucho que la Junta lo esté intentando. Este curso habrá más de 3.000 docentes para ayudar a los alumnos  que peor van.  Pero la verdad es que el número de profesores es más del doble que hace treinta años y, sin embargo, la tasa de fracaso escolar no deja de aumentar. Se han hecho muchos libros blancos de la educación, pero ninguno explica bien este misterio. O sí. Lo que está claro es que el fracaso en las aulas no es sólo académico.
La escuela se ha puesto al servicio de la sociedad: la escolarización es ya universal a partir de los 4 años, y más de 90.000 menores de 3 tienen plaza en un sistema al que en 1984 accedían menos de 2.000. El número de becas y ayudas económicas casi se ha duplicado en la última década y este año casi 9.000 alumnos se beneficiarán de ayudas para poder continuar estudios en Secundaria; hay transporte escolar para 100.000 alumnos, unos 4.500 servicios como comedores y aulas matinales para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres. También niñeras electrónicas, y menores que ya sólo se comunican a través de las redes sociales.
Para aprobar esta asignatura no hacen falta centros TIC ni portátiles gratuitos, que se usan como juguetes. La Logse en sí no fue el problema, tampoco su aplicación a trompicones. La clave está en que esta ley de espíritu libre que quiso enseñar a los escolares a pensar por sí mismos chocó con una realidad social que no sitúa en el mismo escalafón valores como el esfuerzo o el respeto y, vueltas a lo mismo, la denominada televisión basura enseña (o malenseña) más a cualquier escolar que el mejor profesor. Y ahí existe una responsabilidad compartida con las familias que, según el actual consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, deben aplicar la tolerancia cero con el fracaso escolar y la violencia en las aulas y acercarse a ellas no sólo para reprochar a los docentes por qué la han tomado con su hijo. Andalucía camina hacia unos centros más democráticos, cogestionados por padres y profesores, pero eso requiere de un cambio de mentalidad, otra reforma pedagógica más.
En los últimos 30 años se ha hecho tanto en materia educativa como, probablemente, queda por hacer en las próximas décadas. La educación es algo universal en Andalucía, pero ahora, en la actual coyuntura de crisis económica, urge universalizar el éxito escolar. Es la tarea pendiente.