CUANDO la Transición había prácticamente culminado, el franquismo seguía sentado en los pupitres de las escuelas andaluzas, resistiéndose cual repetidor a una reforma que no acababa de despegar. La Junta de Andalucía asumió las competencias educativas en enero de 1983 sólo cinco meses después de constituirse el primer gobierno autonómico. La primera preocupación fue pagar las nóminas de los más de 50.000 profesores repartidos por 4.000 centros de enseñanza. El reto no fue garantizar que el sistema siguiera funcionando, sino poner en marcha una transformación que garantizara el derecho a la educación a toda la población.

Las tasas de analfabetismo, hace sólo treinta años, se asemejaban en Andalucía a las de cualquier país tercermundista: más de un 15% de la población. Uno de cada seis andaluces no sabía leer ni escribir, probablemente porque no había tenido acceso a las aulas y las tasas de absentismo eran inadmisibles; a los 14 años había muchos adolescentes colgaban la mochila, para trabajar o ayudar en las tareas domésticas.

MUCHOS de los que ahora dirigen los institutos públicos en Andalucía se iniciaron en la docencia hace más de 30 años en las escuelas de maestrías, que es como se denominaban los primeros centros de Formación Profesional (FP). Regulada por la Ley General de Educación de 1970, la FP siempre ha estado desglosada en dos etapas: la FP1 y FP2 y, a partir de 1990, de Grado Medio y de Grado Superior.

La FP de los 70 y 80 no estaba homologada a Europa y se consideraba una enseñanza de segunda. Las programaciones estaban diseñadas por los propios profesores y no se correspondían con las necesidades del mercado laboral. La mayoría de los alumnos que no superaban con éxito la EGB (equivalente a la Primaria) se metían en FP1 como única salida. “Los chavales venían sin ninguna base, por eso el fracaso en la FP era de más del 40%”, explica el director general de Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Emilio Iguaz.