La Autonomía ha supuesto que se duplique el número de universidades en Andalucía:
han pasado de cinco a diez, una por provincia más la Pablo de Olavide y la UNIA. Esta estructura, sin embargo, podría peligrar en los próximos tiempos por su excesivo coste.

A principios de la década de los 80, cuando arrancó su autonomía, Andalucía contaba con cinco universidades. Dos de ellas exhibían con orgullo antigüedad e historia, Sevilla (1505) y Granada (1531), pero las otras tres acababan de nacer al socaire del dinamismo de la sociedad tardofranquista y la transición: Córdoba (1972), Málaga (1972) y Cádiz (1979). Tres décadas después, el número de universidades se ha duplicado gracias a una política autonómica que favoreció que todas las provincias andaluzas tuvieran su universidad, al igual que tienen su club de fútbol o su gran superficie de moda a bajo coste. Esta política fue aplaudida por unos y pitada por otros y promovió que, a partir de 1993, ciudades pequeñas como Huelva, Jaén o Almería pudiesen contar con sus propios rectores en los actos oficiales, algo nunca soñado hasta la fecha. Aparte, en 1997  se creó la Universidad Pablo de Olavide como la segunda de Sevilla y, en 1994, la Universidad Internacional de Andalucía con la intención de convertirse en el gran centro del posgrado andaluz y con sedes en Palos de la Frontera, Baeza, Málaga y Sevilla.

Los detractores de este café universitario para todos han apuntado el carácter de demagogia territorial de la medida autonómica, que banaliza y empobrece la institución universitaria. Asimismo, lo critican por fomentar aún más la pereza de la juventud para salir de la mesa camilla de su casa o por suponer un coste  añadido importante al tener que mantener aparatos administrativos excesivos, etcétera.

Por su parte, los que han defendido la medida destacan sus efectos beneficiosos en la necesidad de fomentar el equilibrio entre las provincias andaluzas para evitar los excesos del viejo centralismo madrileño, así como en lo beneficioso de tener universidades cercanas y pequeñas que sepan dar respuestas a problemas tanto generales como locales. Sea como fuere, lo cierto es que estas universidades han aportado a las ciudades pequeñas un considerable aumento de la materia gris y de clases medias profesionales, con todas las consecuencias positivas económicas y culturales que esto supone. Asimismo, el café para todos ha liberado a muchos padres de la angustia económica de tener que mantener a sus vástagos fuera del domicilio familiar en un país donde el empleo en la etapa universitaria es una costumbre inexistente, aparte de los concretos problemas de paro juvenil actuales.

La Junta de Andalucía, por su parte, siempre ha intentado mostrar la convivencia entre estas diez universidades como una auténtica arcadia en la que apenas existen conflictos. Aunque es cierto que el Sistema Andaluz Universitario (SAU) cuenta con un organismo  para su coordinación, como el Consejo Andaluz de Universidades y con un Distrito Único (DUA), también lo es que existe una auténtica guerra soterrada entre grandes y pequeñas universidades que, si bien no suele aflorar oficialmente en artículos y discursos, sí lo hace en las conversaciones entre bastidores con una virulencia que, a veces, asusta.
Todo indica que en el futuro se impondrá una racionalización del sistema universitario que puede pasar, según algunas iniciativas legislativas que ya se han barajado, por la unificación de universidades para, entre otros aspectos, optimizar los costes económicos. Parece que, después de tanto esfuerzo, las grandes universidades como las de Sevilla y Granada se impondrán finalmente a las pequeñas. El peso de la historia, una vez más, será fundamental.

Aunque la financiación, como suele ser habitual, es el caballo de batalla, lo cierto es que el actual modelo, adoptado a partir de 2007, se debe a las recomendaciones de la Comisión Europea. En él, con lógica implacable, se estima que el reparto del dinero se debe vincular directamente a la calidad. Así, un 30% de los fondos se asignan en función de los resultados en docencia, investigación e innovación, evaluando cuestiones tan diversas como el número de empresas tecnológicas creadas, la implicación del profesorado, las prácticas en empresas del alumnado o la producción científica.

Actualmente, la Junta dedica el 1,5% del PIB de la comunidad autónoma a financiación universitaria, esfuerzo que el actual Ejecutivo socialista se ha comprometido a mantener pese a la actual crisis económica. El pasado año se invirtieron 1.540 millones de euros.

En la última década, la financiación de las universidades andaluzas ha experimentado un incremento del 153,6%. Gracias a este espectacular aumento se han podido acometer ambiciosos proyectos de infraestructuras en todas las instituciones. Desde 2000,  la Junta de Andalucía lleva invertidos 1.000 millones de euros en la construcción y equipamientos de infraestructuras que, en muchos casos, han convertido viejos caserones polvorientos en modernas instalaciones aptas para una investigación y docencia modernas y adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, el conocido como Plan Bolonia. En algunos casos no es exagerado decir que el resultado ha sido espectacular.

Precisamente, la adaptación al Plan Bolonia, culminada con éxito por todas las universidades andaluzas, ha sido uno de los grandes hitos de estos últimos 30 años, pero todavía es pronto para analizar sus ventajas y desventajas.

La Autonomía y las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que se han operado con ella han supuesto una auténtica revolución en las macrocifras universitarias. Si a inicios de los 80 había en Andalucía unos 80.000 alumnos universitarios, durante este curso se han alcanzado los 252.000 estudiantes. Aunque durante décadas se ha hablado de una inflación de matriculados, lo cierto es que la actual  crisis ha puesto en evidencia la muy superior empleabilidad de estos jóvenes frente a los que no tienen títulos universitarios. Incluso para emigrar, ya que la demanda de mano de obra de países como Alemania o Gran Bretaña es de titulados superiores preferentemente.

El espectacular aumento también se observa en el número de los profesores, que han pasado de los 8.000 de 1980 a los 18.000. Estamos hablando de un incremento muy interesante si se tiene en cuenta que se supone que un docente de Universidad es una persona altamente especializada en su campo y que genera investigación, criterio que, por desgracia, no siempre se cumple.

La Universidad ha servido también en estos últimos 30 años como una gran herramienta correctora de la discriminación de las mujeres. Tanto que actualmente el 55% de los estudiantes matriculados son féminas, que también suponen casi el  62,5% de los egresados. Si se tiene en cuenta que los titulados universitarios son los llamados a ocupar los principales puestos de responsabilidad, el dato puede considerarse más que positivo. Eso sí, en las universidades andaluzas, al igual que en el resto de la sociedad, se sigue observando un techo de cristal: de los diez rectores que existen en la actualidad, sólo una, Adelaida de la Calle, de la Universidad de Málaga, es mujer.

Espectacular también se puede considerar el aumento de la investigación universitaria, aunque hay voces críticas que señalan que  en Andalucía se investiga mucho pero mal. Si hace 20 años había en la comunidad autónoma 800 grupos de investigación, actualmente hay más de 2.000 (el 87%, adscritos a las universidades) y cerca de 30.000 investigadores, 15.000 de los cuales son doctores.

El tema de la investigación va ligado íntimamente al de la internacionalización, donde también se han realizado importantes esfuerzos. Gracias a las becas Talentia se han destinado 12 millones de euros desde 2007 en 409 jóvenes para mejorar su formación en centros punteros del extranjero.

Con café o sin café, con defectos y excesos, lo cierto es que el sistema andaluz de universidades ha dado un salto de gigante con la Autonomía. Ahora queda mantenerlo y, si se puede, aumentarlo, dos cuestiones más que difíciles en un panorama cada vez más ensombrecido.