Dos parábolas explican a la perfección la mala correspondencia laboral que Andalucía ha mantenido con España en sus tres décadas de autonomía. La región siempre ha sido oveja negra, el último vagón del país, el de los lunes al sol, las deslocalizaciones, la paguita y la economía sumergida. Dos parábolas para darle alma a los números, a los por cientos, a ese diferencial en tasa de paro que nunca ha sido menor al 3,92% de 2006 -la cumbre de un lustro largo de abundancia- pero que ha marcado agujeros tan bestiales como los 11,55 puntos de 1997. Está la parábola del coche sin motor, velocísimo cuando viaja cuesta abajo (o cuando el ciclo económico es boyante) pero anulado si toca remontar una cuesta. Y está la del reloj de arena, ancho en la base y en la cúpula (o entre la gente con menor o mayor formación) pero de cintura (clase media trabajadora) demasiado estrecha.

En realidad, hay un buen puñado de teorías sobre el paro endémico andaluz. La recopilación proviene de distintos testimonios: los de Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho Laboral y autor de la segunda parábola; Manuel Carlos Alba, especialista de la CEA en este ámbito y responsable de la primera; Manuel Pastrana, secretario general de UGT-A; Francisco Carbonero, su homólogo en CCOO-A; y Manuel Recio, consejero de Empleo de la Junta. Está la teoría de un tejido empresarial excesivamente localista y poco habituado por tanto a competir en el exterior (Carbonero, Pastrana). Está la del excesivo peso que los sectores estacionales (turismo, construcción, hostelería, campo) tienen en el bastidor macroeconómico de la comunidad (Cruz Villalón, Alba). La del “saludable empuje” de su población activa independientemente de la coyuntura (Recio). O la del escaso prestigio social del emprendedor (todos menos el consejero).

Andalucía arrancó su andadura autonómica (1982) con 422.600 parados y una tasa del 20,57%. Treinta años después, la cifra se sitúa en 1.248.500 y el porcentaje en el 31,23%. En términos absolutos, es la peor nota de la era democrática. En términos relativos, todavía manda aquel 34,90% del tardofelipismo (1994). Entre medias, y descontando las cuatro del periodo preautonómico, hasta catorce reformas laborales (excluida la primera de Mariano Rajoy) que desmontan el mito de su efectividad por cuanto el mercado de trabajo conecta con los ciclos económicos más que con la legislación vigente. El mejor ejemplo es el último: el 16 de junio de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba, sin el beneplácito de los agentes sociales, retoques en una de las zonas más sensibles de la anatomía laboral, las causas y el coste de los despidos. Desde entonces hasta hoy, la región ha añadido a la cesta del SAE a otras 144.400 personas.

Las tres grandes pájaras andaluzas (1984-1987; 1992-1997; 2008-hoy) se han ensañado especialmente con los trabajadores menores de 25 años. El paro juvenil tocó techo en 1987 (316.800), pero marca actualmente la tercera peor tasa de todos los tiempos (55,09%), casi siete puntos por encima del promedio español. Con cada golpe ha emergido la misma imagen de antaño, esa postal mate del emigrante que cargaba el petate hasta Suiza o Alemania en busca del porvenir que le negaba la cuna.

La paradoja es la hiperpreparación, el superávit de titulados y licenciados. En Andalucía, el prestigio no llega del negocio exitoso sino del título universitario, que no engorda esa clase media tan necesaria pero sí eterniza un déficit en los oficios de la FP que se adapta fatal a las exigencias de los reclutadores. Este desequilibrio en la balanza laboral provoca una roncha adicional a la del desempleo: endosa a los jóvenes un rol emprendedor para el que en muchos casos no están preparados ni por experiencia ni por habilidades gestoras.

Dos factores más contaminan esta espesa charca: la escasa movilidad geográfica de los andaluces (al contemplar la posibilidad de trabajar en otra comunidad pero también al plantearse el salto a otra provincia del sur) y el hecho de que los asalariados ya curtidos casi nunca se atrevan a dar el salto a la creación de una empresa, quizás porque las políticas activas no han fomentado el salto de la nómina al negocio propio. Y también porque, según el Banco Mundial, España es nación de endiablada burocracia frente a otros países ricos. Si aquí son necesarios 47 días en papeleo, Alemania requiere 15 y Francia apenas 7.

Ninguna radiografía es medianamente completa sin una referencia al papel de la industria, un sector rocoso que garantiza oscilaciones menores del paro con independencia del estado de la actividad económica. Algunos libros de historia recuerdan que la tardía revolución industrial española comenzó no sólo en Cataluña sino en el triángulo escaleno que formaban Cádiz, Málaga y Sevilla. La ausencia de determinadas materias primas esenciales (carbón), el magro cordón de infraestructuras y, ya durante el franquismo, la decisión de priorizar unas regiones sobre otras convirtió aquellos albores prometedores en un rotundo crepúsculo. Ahora, en cualquier caso, importa lo que diga el INE. Y dice dos cosas: que sólo la construcción ha perdido más ocupados en el lustro que va del oro (2006) al plomo (2011), 307.300 frente a 72.200; y que la industria (+90,04%) es la pata sectorial donde menos ha crecido el paro, bastante alejada del ladrillo (+96,25%), la agricultura (+116,38%) y los servicios (+158,67%). Así que sí, la roca, mal que bien, existe.

Algunas cosas buenas han pasado desde aquel Estatuto de Carmona. El analfabetismo ha sido prácticamente erradicado. En paralelo ha repuntado la formación, ese sello distintivo que permite a determinadas tribus profesionales (médicos, ingenieros) optar a un puesto de trabajo, con mejores salarios y perspectivas, en el extranjero. La mujer se ha incorporado cuasiplenamente al mercado de trabajo. Han florecido firmas y emporios (energías renovables, aeronáutica) de gran valor añadido que son o eran nichos perfectos de colocación para los más capacitados. El inglés, poco a poco, se instala en las nuevas generaciones. El salto tecnológico ha sido descomunal. Y muchos, muchísimos andaluces han disfrutado durante años de niveles de vida impensables para sus padres y abuelos. “En treinta años hemos logrado cotas de bienestar que a otros les han costado más de un siglo”, sintetizan Pastrana y Carbonero.

Pero, de vuelta a las parábolas, el coche está en mitad de una cuesta terrible y el reloj de arena se ha detenido justo cuando sus receptáculos lucían igual de llenos. La construcción, aquella gallina dorada que rozó el medio millón de ocupados y donde empleados con escasísima preparación doblaban y triplicaban los sueldos de esa burguesía que no existe, se ha convertido en un pozo negro donde el reciclaje laboral apenas beneficia al 10% de los parados. Los servicios son una extensa plasta de alquitrán con 370.000 desempleados y un sometimiento forzoso al yugo del calendario (Semana Santa, verano, Navidad, rebajas).

Y hasta el andalusian way of life, basado en la aspiración de encontrar cobijo en el regazo de lo público (papá Estado, mamá Junta), sufre ya los primeros síntomas de agotamiento. En España hay 2,7 millones de funcionarios. En la comunidad, alrededor de medio millón, incluidas todas las administraciones. Pero el yugo de la austeridad limitará en adelante la abundancia reciente de las ofertas públicas de empleo. La escasez empujará a la imaginación. Con tanto límite estructural, con tanta carencia crónica, el reto se presenta apasionante.

La pipa de la paz en una mano y el garrote en la otra

El espejito mágico le dice a los sindicatos andaluces lo contrario de lo que escuchan cuando les pitan los oídos. Frente al vapuleo que dicen recibir desde la política y las empresas, “el más agresivo en 30 años de autonomía”, CCOO y UGT, ambas con el apéndice autonómico de la -A, se sienten “más fuertes  que nunca”. Y con más afiliados, aunque ésta no sea cosa anímica sino numérica.

Comisiones, vinculado originalmente al PCE, se fraguó durante el franquismo con el estallido germinal de la minería asturiana (1962) y el protagonismo asumido desde Sevilla por un puñado de fábricas metalúrgicas. Tras una fase expansiva con victorias en el sindicato vertical y la propagación a Cádiz, Málaga, Granada y Córdoba, la dictadura decretó la guillotina (1967) y hubo que esperar una década para contar con el primer secretario general regional, Eduardo Saborido, al que siguen en la secuencia Antonio Herrera (1983-1992), Julio Ruiz (1992-2004) y actualmente Francisco Carbonero.

La UGT luce más historia al nacer en 1888 bajo el manto socialista de Pablo Iglesias. A principios de los 70 del pasado siglo, varios abogados laboralistas sevillanos plantan, sobre el terreno abonado del sector industrial, el tallo del que surgirá, después de un año de preparación, la federación andaluza del sindicato (1980). Faustino Díaz dirigió sus destinos dos años, pero las divisiones forzaron un triunvirato provisional (de marzo a diciembre de 1982) integrado por Eduardo Chinarro, Fernando Lappi y Antonio Cuevas. Desde 1983, la normalidad: Manuel Ángel Fernández (hasta 1986), Cándido Méndez (hasta el 94), Juan Mendoza (hasta 1998) y Manuel Pastrana (hasta la fecha).

Unos y otros estuvieron con sus centrales en todas las grandes refriegas, las del felipismo (más dolorosas por la supuesta sintonía ideológica) y las del aznarato, aunque aportaron en Andalucía las dosis de paz social que faltaron en Madrid. Desde 1993 hasta 2009 han firmado con la Junta siete acuerdos de concertación social. Una verdadera prueba de talante, ese concepto zapateril engullido por la tormenta perfecta de la crisis. “Hemos sido cruciales por haber condicionado políticas de varias formas: disputando la plusvalía al capital, mejorando los derechos de los trabajadores vía negociación colectiva y avanzando a través del diálogo social”, explica Carbonero. “Todo el mundo se ha beneficiado de la solidaridad de los sindicatos porque no hemos negociado los convenios sólo para los afiliados (como ocurre en Alemania) sino para el universo de los trabajadores”.

Pastrana no se aleja de esta línea discursiva. “La Andalucía de hoy no se entendería sin el papel de los sindicatos durante estos 30 años. Hemos influido en el sistema educativo, en la sanidad, en las relaciones laborales y en el nivel de interlocución con las administraciones públicas”, recita de carrerilla. “No hay normas ni hechos que hayan afectado a los trabajadores en los que no hayamos influido, incluido el último Estatuto andaluz, que recoge nuestro modelo social”.

UGT y CCOO han procurado tender siempre la mano, pero en la otra sostenían -y aún sostienen- un garrote. “Pese a que contra alguien vivimos mejor, hemos preferido ser reivindicativos y negociadores, y eso le ha venido bien a Andalucía porque no la hemos tenido incendiada permanentemente”, reflexiona Pastrana. “Somos un instrumento organizativo de confrontación cuando hace falta, un gran obstáculo para los gobernantes, que sólo quieren negociar cuando hay problemas”, advierte Carbonero. Tres décadas de entendimiento no garantizan ya nada. Manda un instinto mucho más primario que el diálogo: la supervivencia (del Estado del bienestar).