Después de tres décadas de autonomía, la capitalidad de Sevilla sigue siendo un debate abierto que solivianta al resto de Andalucía. Aunque pueda parecer increíble, el Estatuto de Autonomía que se aprobó en 1981 no fijó por escrito dónde se ubicaría físicamente el poder político y administrativo, una decisión que se aplazó hasta la segunda sesión ordinaria del flamante Parlamento y que salió adelante con más de la cuarta parte de los diputados en desacuerdo.

Hubo quien incluso reprochó que el debate, que para nada era baladí, se produjera tarde, en pleno Mundial de fútbol.
El 30 de junio de 1982 la Cámara determinó que tanto su sede como la del Gobierno andaluz estaría en Sevilla, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se radicaría en Granada. Pero antes se escucharon argumentos en contra, incluso dentro del propio partido en el poder, el PSOE, que 30 años después no sólo se mantienen vivos, sino que se han radicalizado hasta el punto de que Sevilla aspira sin éxito a una ley de capitalidad que ningún presidente se ha atrevido a conceder.

Procede de una familia de juristas ilustrados. Su tío Antonio Hernández Gil fue catedrático en Granada y en la Complutense, y primer presidente de Las Cortes en la democracia. Antonio Hernández Mancha (Guareña, Badajoz, 1951) fue un brillante estudiante de Derecho. Su número tres en la promoción de abogados del Estado de 1976 le llevó a Córdoba. Allí se afilió a Alianza Popular y se convirtió en su primer presidente regional de inmediato.

Villalobos, De la Torre y Aparicio, los tres alcaldes de Málaga en democracia, en el 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos. / Guerrero

La segregación de Torremolinos supuso el primer desencuentro con la Junta. A la provincia se le ‘asignó’ el título de motor económico de Andalucía para equilibrar el político de Sevilla.

Málaga sufre 22 temporales al año como término medio. Sobre todo  de diciembre a febrero, así que en primavera lucha contra el reloj para regenerar a tiempo sus playas y superar el primer examen turístico de la Semana Santa. Un desafío crónico, casi como la relación política entre esta provincia y la autonomía, marcada por una sucesión de borrascas en sus treinta años de historia.

El hecho autonómico ha sido clave para acercar recursos a la población con criterios de equidad.  La baja conciencia de la sanidad pública como conquista social facilita los abusos y pone en riesgo su viabilidad.  La alianza público-privada es una realidad asumida.

Como en la novela de James Bradley y Ron Powers  (luego, película de Clint Eastwood), que bucea en lo épico y en lo abyecto de la memoria colectiva estadounidense sobre la batalla de Iwo Jima, para elaborar cualquier relato creíble sobre la sanidad autonómica hace falta ubicarse en perspectiva. Más que nada para no terminar haciendo poesía cuando se cuenta la propia historia. Y la perspectiva aporta aquí un principio social y político hasta ahora incuestionado: la sanidad pública es un patrimonio común, herencia de los sueños de una vida mejor de la generación anterior, realidad que toca gestionar a la presente y promesa para quienes ya vienen detrás. Algo así como la capa de ozono o la Alhambra de Granada. No es que no sean de nadie. Es que son de todos. Ésa es la perspectiva para aproximarse a lo que ha ocurrido en 30 años y entenderlo. Cuando la gente se olvida de esto en un país en el que la ciudadanía como sujeto político está aún en gran medida por construir, lo público deviene en botín de guerra.

La autonomía puso fin al reparto alegórico de poder en Andalucía Oriental y Occidental. Granada perdió la capitalidad universitaria, que compartía con Sevilla, y algunos órganos estratégicos.

La percepción de que Granada ha perdido algo simbólica y materialmente en los últimos treinta años de autonomía no es nueva ni tan disparatada como para reducirla a una ensoñación de los nostálgicos. Al menos se ha ganado comparativamente menos. La queja se viene repitiendo como un mantra desde mediados de los años ochenta. La importancia administrativa y alegórica de Granada anterior al Estado de las autonomías era relativamente favorable. El poder (sobre todo el simbólico) lo repartía con Sevilla a partes iguales, como dos hermanos mayores la herencia de unos padres tradicionalistas.