Ilustración: Miki&Duarte

AQUEL caluroso 21 de junio de 1982 en el que se convertía en el primer presidente del Parlamento, el socialista Antonio Ojeda destacaba que frente a la falta de medios con la que arrancaba la autonomía andaluza, había mucha ilusión por parte de quienes iban a dirigir su futuro. Ahora la ilusión está algo desvaída, pero lo que no faltan son recursos. El salto de los primeros presupuestos de apenas 17 millones a los 32.020 previstos para este año es significativo para describir la dimensión adquirida por la autonomía andaluza, en la que viven 8.4 millones de personas. Ha experimentado una evolución indudable, pero aún queda relegada a las posiciones de cola en renta per cápita del país y se sitúa en los primeros vagones en fracaso escolar. Han pasado 30 años, pero persisten problemas, como el paro estructural que hoy afecta a 1,2 de los millones de andaluces en edad de trabajar, el  31,23% de la población.

Ilustraciones: Rosell

La supervivencia de los ayuntamientos, muchos de ellos ahora al borde del abismo, pasa en el futuro por la instauración de un marco legal clarificador que redefina sus competencias, pero sobre todo por una revisión en profundidad de su sistema de financiación.

Tienen los ayuntamientos salvación? Puede parecer que la pregunta está hecha en términos catastrofistas, pero no hay más que asomarse a la larga nómina de municipios andaluces -algunos instalados en el  top ten de los principales de la comunidad autónoma- o echar un somero vistazo a las noticias locales un día sí y otro también para constatar una terrible realidad: se ha agudizado su fase terminal, son objeto de tratamientos de choque sin resultados que den pie al optimismo y han emprendido, renqueantes, la segunda década de este milenio añorando que cualquier tiempo pasado en estos últimos treinta años fue mejor.

Han cambiado las tornas: el PSOE postula ahora   su desaparición y el PP defiende su existencia.

Ilustración: Esteban

El Estado de bienestar que propició la universalidad del sistema de pensiones se afianza con la aparición de nuevas prestaciones como las recogidas en la ley de dependencia. El reto  del siglo XXI de aumentar la calidad de vida desafía a las amenazas de recortes por la crisis.

Treinta años después, los orfelinatos se transformaron en centros de protección de menores. Los manicomios, en unidades mentales. Los asilos, en residencias asistidas. Hoy se habla del acogimiento como medida prioritaria para evitar la letanía de los huérfanos en casas hogar. El llamamiento a las familias de adictos a las drogas no procede de sectas indocumentadas, sino de comunidades terapéuticas. De residencias ilegales a envejecimiento activo. De la ocultación de los minusválidos a la empleabilidad de las personas con discapacidad. De crímenes pasionales a violencia de género.

La evolución del léxico muestra el avance en protección social que ha experimentado Andalucía desde 1982: la precaria asistencia basada en la beneficencia se ha convertido en una red garantista de servicios sociales sustentada en derechos individuales. De la caridad, a la legitimidad.

Ilustración: Rosell

Las cuencas han sido muy presionadas en los últimos años por la expansión del regadío y por el fuerte desarrollo urbanístico. Andalucía ha pasado de una política de grandes obras enfocada al impulso de la producción agraria a otra de fomento del ahorro, con inversiones muy puntuales.

Si ha habido en España alguna política que se ha mantenido inalterada en el siglo XX, fuese cual fuese el sistema político, ha sido la del agua. Una historia de combate, mediante grandes obras hidráulicas para almacenar agua, contra los periodos de sequía que impone el clima mediterráneo. También ha sido una historia de riqueza. Porque esas grandes obras han servido, además de para dar de beber al pueblo, para surtir al campo de un elemento fundamental para escapar de la miseria y producir más y mejor.