Pesca: En las redes de la política comunitaria y la reconversión

Por Carlos Sáez, redactor de Huelva Información. Ilustración de Tejeiro.

La flota pesquera andaluza se ha reducido casi a la mitad en las últimas décadas. La disminución del nivel de empleo ha sido una constante, producto del ajuste de la flota y de su progresiva tecnificación. La pesca tiene ahora menos incidencia en la economía de la región.

Cuatro factores marcan la actividad pesquera en los últimos treinta años: la existencia de una flota de litoral sobredimensionada, que ha favorecido el deterioro de los caladeros regionales; la compleja y crítica situación por la que atravesó el sector a primeros de los 90, que motivó la elaboración de una Plan de Modernización por parte de la Junta de Andalucía; la continua reducción del número de embarcaciones, y las paulatinas dificultades a la hora de establecer acuerdos con terceros países. La Política Pesquera Común (PPC) que se instaura en la UE con carácter transitorio en 1983 y se consolida en 1986, con la incorporación de España y Portugal, constituye el marco de referencia del sector pesquero andaluz.

Esa nueva Política Pesquera Común se propone como objetivos generales alcanzar una gestión de los recursos pesqueros capaz de asegurar su explotación equilibrada, establecer una política estructural dirigida a la adaptación de las capacidades de pesca a los recursos existentes y a la mejora de la productividad y la rentabilidad del sector.

El principal instrumento de la UE para la ordenación de la gestión de los recursos es el control del esfuerzo pesquero, ya sea a través de la fijación de capturas, la regulación de las técnicas de explotación y/o el control de las capacidades y del ejercicio de la actividad.

En materia de renovación el objetivo fundamental de la PPC es el redimensionamiento de la flota y la modernización del sector a través del desguace de los buques más viejos y la construcción de otros nuevos más competitivos. La IFOP constituye el principal instrumento financiero y propone además de la retirada definitivas de buques, la creación de sociedades mixtas o asociaciones temporales y reconversiones para su uso en otras actividades no pesqueras.

Los resultados de la aplicación de la PPC en Andalucía, vistos desde las pesquerías del Sur, se pueden calificar como escasos, y en algunos casos erráticos y contradictorios. Si el sistema de reparto de los recursos se convierte en la piedra angular de la política pesquera, el sector andaluz no participa del reparto ni presenta capacidad inversora para beneficiarse de la reestructuración del sector que ofrece Bruselas. Porque sus pesquerías industriales se desarrollan en aguas de terceros países, las artesanales del Atlántico no comparten cuotas con otras flotas comunitarias y la política pesquera de la UE en las pesquerías del Mediterráneo no están completamente definidas.

Ante este panorama, uno de los intereses centrales para Andalucía a partir de su integración en la política pesquera europea radica en la fuerza de ésta para negociar acuerdos con terceros países y rentables. Sin embargo, esta supuesta mayor capacidad de negociación ha obtenido resultados contradictorios. Si la negociación con Angola, Senegal, Congo, Mauritania o Guinea Bissau se considera positiva, en el caso de Marruecos la valoración es distinta, ya que cada vez ha sido más difícil la firma del tratado.

A principios de los 90, la pesca representaba tan sólo el 0,86% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional, el 0,81% de la producción efectiva andaluza y el 1,11% del empleo, siendo su productividad el 2,2%, muy inferior a la ya de por sí baja productividad relativa media de la economía andaluza (3,6%).

Por entonces la actividad pesquera ya continuaba con la tendencia descendente que se inició en el primer quinquenio de los 80, coincidiendo con un nuevo marco de acuerdos internacionales y el incremento de los gastos provocado por el aumento de los precios del combustible y los costes salariales. Empleaba a 23.300 personas, el 1,4% del empleo total de la región. El 75,5% eran asalariados, un porcentaje similar al de la economía andaluza (73,6%).

A la pesca se le imputan en ese tiempo importaciones por valor de 43.761 millones de las antiguas pesetas, de las que el 90% proceden del resto de España, el 4% de países miembros de la UE y el otro 6% del resto del mundo. Andalucía exportó productos pesqueros en 1990 por valor de 26.575 millones de pesetas, el 87% tenía como destino el resto de España, el 7% Europa y el 6% el resto del mundo.

Se da pues un déficit comercial del sector pesquero andaluz respecto al resto de España, un equilibrio con el resto de Europa y un superávit con el resto del mundo, unas constantes que se han mantenido a lo largo de las tres últimas décadas hasta la actualidad.

Constante ha sido también el descenso de la producción pesquera en la región andaluza. En el periodo 1999/2009 se redujo casi a la mitad. Las capturas han disminuido un 41,8%, al pasar de las 122.011 toneladas en 1998 a las 72.537 de diez años después. Mientras la flota que estaba compuesta en 1994 por 2.943 barcos en la actualidad apenas si superan los 1.700.

La única flota que se ha mantenido e incluso ha aumentado el número de sus efectivos es la de pequeño tonelaje, disminuyendo el número de embarcaciones con mayor capacidad de bodega. Esto se debe a la disminución de la posibilidad de capturas y a las mayores dificultades de faenar en caladeros internacionales. En 1994, la flota artesanal de bajo tonelaje es la que presenta un mayor número de unidades, con 1.281 barcos, que supone el 43,5% del total. En segundo lugar, con una importancia relativa mucho menor, se sitúa la flota de arrastre, el 24% del total; el rastro remolcado, con el 16,5%. En los últimos lugares se encuentra el cerco (9%) y el palangre (7%).

La provincia andaluza que más producción pesquera ha venido generando es Huelva. Le siguen Cádiz, Málaga y Almería, aunque en términos de empleo, Cádiz es la que ha contado con un mayor número de puestos de trabajo, seguida muy de cerca por Huelva. En las provincias mediterráneas de Málaga y Almería la pesca tiene mayor importancia como actividad generadora de empleo que de valor añadido, con productos muy ligados a la intensa actividad turística.

Huelva y Cádiz aportan al total regional el 80% de la producción pesquera en 1987 y mantienen una alta producción, alrededor del 63%, hasta 1994. El valor de la pesca en Huelva y Cádiz suponía el 58% regional en 1987 y el 55% en 1994, debido a una elevada producción, a los altos precios medios que se derivan de unas pesquerías dedicadas a especies de gran valor comercial, con tecnología moderna y una elevada cualificación de su mano de obra.

En lo que respecta al empleo, Andalucía tenía en 1970 a 24.141 hombres embarcados en su flota de los 110.728 de la española, lo que suponía una participación del 21,8% de los trabajadores de la mar. Sin embargo el nivel de empleo ha disminuido constantemente desde 1975, llegando en 1995 a ser un 35% menor que aquel año, producto tanto de ajuste de la flota como de su progresiva tecnificación, que ha reducido el número medio de tripulantes por embarcación prácticamente a la mitad en relación. Desde entonces, la reducción de las tripulaciones ha sido constante y casi en progresión aritmética. Como ejemplo, Huelva perdió en el periodo 2000/2008 el 41% de los trabajadores del sector pesquero. La mayoría de las bajas se produjeron coincidiendo con el fin de tratado de pesca con Marruecos en 1999.
En todos estos años, el sector pesquero andaluz se ha visto sometido a un proceso de modernización, impuesto en buena medida por la PPC y los acuerdos internacionales, y de reconversión que ha conducido al abandono de la actividad de muchos armadores y a sus barcos al desguace. Reconversión que ha afectado principalmente a las flotas que faenan en el litoral andaluz, la costa portuguesa y la costa sahariano-marroquí.

Sin embargo, las dedicadas a las grandes pesquerías, las de gran altura que se dedican al marisco congelado, entre ellas las de Huelva pertenecientes a Anamar, después de superar ciertas vicisitudes debido a las dificultades para establecer acuerdos con terceros países, se han convertido en buques insignia a nivel mundial. La flota congeladora andaluza, aunque muy mermada en la actualidad, tiene bastante importancia en el conjunto regional. Está integrada por 45 embarcaciones (dan empleo a 810 tripulantes) frente a 70 que lo hicieron en 2000 o las 194 que faenaban en el año 1990. A excepción de cuatro grandes atuneros congeladores con puerto base en Cádiz, la principal flota de gran altura es la marisquera congeladora, cuyos buques se concentran en la provincia de Huelva. Estas embarcaciones con bandera comunitaria se integran en su mayoría en Anamar, patronal de la flota marisquera congeladora, cuya sede se encuentra en Huelva y que fue creada en 1997.

Una de las empresas onubenses está representada por la firma de Amador Suárez y el Grupo Amasua, un importante grupo empresarial a nivel nacional e incluso internacional, con intereses extractivos en los caladeros de Sudamérica y África. José Martí Peix es otra firma puntera actual del sector de la pesca de altura de la provincia onubense con una flota de segunda generación que faena en las aguas de varios países africanos. En la actualidad, el panorama de las flotas de gran altura es distinto al existente en décadas pasadas.

En 2010 operaron bajo el amparo de acuerdos de la UE con terceros países en el caladero mauritano unas 28 embarcaciones congeladoras de arrastre marisqueo, mientras que 21 lo hicieron en Guinea Bissau. Seis barcos capturaron peces y crustáceos bajo un acuerdo bilateral entre España y Portugal y en dos caladeros (Angola y Congo) 13 buques pescaron crustáceos bajo la forma de licencias privadas.

La reforma de la Política Pesquera Común amenaza de nuevo al sector pesquero andaluz. La flota artesanal, la que incluye el arrastre, cerco, draga hidráulica y pesca artesanal, podría quedar reducida a la mitad.

La estela del acuerdo marroquí

EL acuerdo de pesca con Marruecos ha sido el más relevante de los firmados con terceros países, debido al volumen de la flota andaluza que faena o ha venido faenando en sus aguas. En sus caladeros llegó a pescar el 30% de las embarcaciones andaluzas y a dar trabajo a cerca de 4.000 marineros.

La rúbrica de tratados con el país marroquí se remonta a la etapa preconstitucional. El primero fue en 1969, al que siguieron los de 1979 y 1983. De épocas más recientes, ya con España en la Comunidad o Unión Europea, son los convenios suscritos en 1988, 1992 y 1995. Fueron tiempos de calma, pero éste último, que terminó en 1999, supuso un punto de inflexión en las relaciones pesqueras con Marruecos. Entre 1999 y 2006 no hubo ningún acuerdo, lo que obligó al amarre de la flota y a someterla a una profunda reestructuración. Siete años transcurrieron desde que se rompieron las negociaciones hasta la puesta en marcha del nuevo. Fue un complicado proceso de ratificación. El tratado no entró en vigor hasta febrero de 2007, por un periodo de cuatro años. De las 110 licencias, 100 correspondían a España y las restantes a otros diez países europeos. Andalucía con 42 licencias, y Canarias, con 37, fueron las más beneficiadas. Fue un convenio más reducido que el anterior (1995/1999), que incluía 629 licencias y compensaciones económicas de 500 millones.

Por entonces, la flota pesquera de cerco de Barbate se vio reducida en más de la mitad. Buena parte de los barcos de Huelva que faenaban en Maruecos fue a parar al desguace y otros se reubicaron en los caladeros del Golfo de Cádiz. Tras la ruptura, 91 barcos andaluces fueron despiezados o exportados a terceros países y por aquél entonces cerca de 1.500 pescadores se quedaron sin caladero.

El tratado establecía el desembarco del 25% de las capturas en puertos marroquíes durante el primer año, incrementándose hasta el 50% el cuarto y último año de vigencia. La firma sentaba las bases para consolidar las empresas mixtas.

La renovación del acuerdo nunca ha estado exenta de problemas. El pasado mes de diciembre el Parlamento Europeo votó en contra de la renovación del convenio pesquero de 2006/07 que había expirado y que se encontraba prorrogado por un año. Automáticamente las embarcaciones comunitarias dejaron de faenar. Esta vez debido a cuestiones políticas, relativas a la situación del respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental. El 14 de febrero, los veintisiete dieron luz verde a la Comisión Europea para que inicie las negociaciones a fin de establecer un nuevo marco pesquero.

El primer acuerdo con Portugal data de 1969 y fue firmado por una duración de 20 años para el ejercicio de la pesca entre las 6 y las 12 millas. En 1982 Portugal denunció el acuerdo y provocó el amarre de la flota. Las negociaciones no dieron fruto hasta principios de 1987, cinco años después y ya con los dos países en el marco comunitario. El acuerdo es escasamente utilizado por la flota onubense. En la práctica, la consecuencia más patente ha sido el desguace y la reconversión de la flota arrastrera de Ayamonte e Isla Cristina.

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