La Agencia de Medio Ambiente, pionera en España, se creó en 1984 inspirada en la EPA estadounidense. La destrucción del litoral, a excepción de lo exclusivamente protegido mediante alguna figura, arroja lo peor de un balance positivo; lo mejor, la prevención de incendio.

La malvasía es un pato tan bello como extraño: es compacto como un blindado y va armado con un notable cabezón que se prolonga en un pico de ancha base que se torna en un azul inverosímil cuando comienza el cortejo. A principios de los años ochenta, en Andalucía había poco más de 30 individuos. Consumida su mancha poblacional que antes se extendía desde el Asia central hasta el Atlántico andaluz, la malvasía se preparaba para su desaparición en tres pequeñas zonas aisladas de Marruecos, Túnez y Argelia, más un pequeño foco en el complejo de pequeñas lagunas cordobesas situadas en torno a la de Zóñar, cerca de Aguilar.

En 1977, el censo de malvasías daba la cifra exacta de 22 ejemplares en toda Andalucía. Veintidós. Que eran, más o menos, los ecologistas que había en la comunidad en 1982. Varios grupos en la provincia de Cádiz -caso de Agaden y Guadalete-, uno en Sevilla -Andalus- y algún grupo formado por universitarios en Granada componían  toda la conciencia medioambiental andaluza. Porque éste ha sido el gran cambio de estos 30 años: que un sentir que hace décadas sólo era propio de unos cuantos naturalistas y ecologistas se fue extendiendo en capas sociales, gobiernos y partidos, hasta el punto de convertirse en eso que ahora se denominan políticas transversales.

De hecho, la gestión medioambiental de Andalucía anduvo un largo trecho hasta concentrarse en una consejería propia. Las competencias recibidas del Estado -más que pocas, eran paupérrimas-  se quedaron en la Consejería de Política Territorial y algunas en Agricultura, hasta que en 1984 se crea la Agencia de Medio Ambiente (AMA), un organismo autónomo, adscrito a Presidencia, que se inspiró en la Enviroment Protection American (EPA), la poderosa agencia federal de Estados Unidos. Tomás Azcárate puso en funcionamiento este organismo que fue pionero en España. Se trataba de una institución más técnica y científica que política, pero que marcaría una ruta clara en lo que habría de hacerse en los próximos años. En 1990, la Consejería de Cultura y Medio Ambiente sienta por vez primera en el Consejo de Gobierno a un responsable político -Juan Manuel Suárez Japón-, aunque bifronte entre materias distantes, que serían ya independientes en 1994 con Manuel Pezzi al frente del primer departamento dedicado en exclusiva a la protección del medio natural.

Pero volvamos a la malvasía para comprender una historia que nos llevará a mantener que el balance de estos 30 años ha sido positivo, aunque habrá que anotar bastantes oportunidades perdidas y algunas de ellas, irrecuperables. En 1982, año de las primeras elecciones autonómicas, en Andalucía apenas había dos espacios naturales protegidos: Doñana, por su consideración de parque nacional y, por tanto, estatal, y el Pinsapar de Grazalema, con la categoría de Reserva de la Bioesfera de la Unesco; las aguas urbanas que iban a  parar a los ríos y al mar no se depuraban; no había una red de control de emisiones de gases contaminantes; las carreteras, urbanizaciones y puertos se construían sin declaraciones de impacto ambiental; la basura urbana, en el mejor de los casos, se quemaba, y los residuos industriales caracterizados hoy como tóxicos y peligrosos eran abandonados en solares junto a las propias fábricas. En 1986, se creó el parque natural de Cazorla y, en 1988, el de Grazalema, que ampliaba  la protección de la mancha de pinsapos a todo el macizo calizo del noreste de la provincia de Cádiz. Sin embargo, hay que apuntar una fecha aún más importante, la de julio de 1989, cuando, mediante la llamada Ley Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía, se declararon parques en todas las provincias y se protegieron muchos más espacios con las categorías de  parajes, reservas y monumentos naturales. El desierto de Tabernas, las sierras de Cardeña y Montoro, la de Andújar, la Sierra Norte de  Sevilla, la Bahía de Cádiz, las marismas  costeras de Huelva, los Alcornocales o la Sierra de las Nieves entraban, entre otros, en la nómina de estos espacios protegidos que sumaban el 18% del territorio andaluz. Hoy son el 22%. También un importante número de lagunas aisladas en las campiñas, como la de Zóñar, que estaban condenadas a desaparecer.

De hecho, a estos humedales se le otorgó la máxima protección, la que sólo permite usos científicos y educativos. No obstante, hubo muchas lagunas que no aguantaron hasta esa fecha, y quedaron sepultadas para siempre.

Pero la protección demostró que la capacidad de regeneración de los espacios naturales no sólo es asombrosa, sino extremadamente rápida, tanto que la malvasía -ese pato extraño y compacto- se extendió en pocos años por las lagunas protegidas hasta el punto de que el censo de 1999 contabilizó 1.659 individuos que contaban  con 31 lugares de cría tanto en Andalucía como en otros lugares de las comunidades autónomas linderas.  La protección del hábitat se reveló como el modo imprescindible de salvar a las especies. Una magnífica lección, que ya estaba  en la literatura científica, pero que en Andalucía se escribió sobre el terreno.

De hecho, los problemas de una de las especies emblemáticas andaluzas -el lince ibérico, uno de los felinos en mayor peligro de desaparición, y en el que distintos programas Life han gastado cientos de millones de euros- se debe a la falta de hábitats o al aislamiento del que era el último y principal, el parque de Doñana. La expansión del lince en Sierra Morena y en Andújar ha sido fructífera; la población se incrementó en 2010 un 74% respecto a la de 2004, y la unión de los núcleos separados de los ríos Jándula y Yeguas consiguieron romper con una barrera geográfica que también era genética. Y es que si hay una crítica que pueda hacerse a la red de espacios naturales andaluces ha sido la de no haber creado corredores seguros y amplios entre los principales parques andaluces.

De hecho, el desastre ecológico de Aznalcóllar, en abril de 1998, permitió crear un corredor verde que va desde Doñana hasta las sierras de Aracena y Norte de Sevilla, los extremos occidentales de la cordillera Morena. Ese mes de abril, el día 22, se rompió una balsa de la compañía minera Boliden, dejando escapar al Guadiamar un vertido tóxico, ácido y cargado de metales pesados. Una vez que aquella riada negra se pudo parar a las puertas de Doñana y del Guadalquivir mediante la elevación de barreras de tierras, se limpió la zona de lodos, se expropiarion los suelos para limpiarlos y se procedió a una operación hasta entonces inédita: la descontaminación in situ de las aguas del vertido. El largo corredor negro por el que bajaron los lodos pasó a convertirse en un pasaje verde que conectaba entornos. Sin embargo, la Junta no ha podido recuperar los 89,9 millones de euros que costó la limpieza, ya que el Tribunal Supremo le ha dado hace dos meses la razón a la compañía sueca Boliden, bajo el argumento de que la administración se equivocó en el proceso de solicitud de esta indemnización.

Es cierto que la declaración de parques y parajes por toda Andalucía conllevó un efecto resaca: fuera de lo legalmente protegido se podía arrancar un encinar entero para plantar zanahorias, talar uno de los últimos acebuchales andaluces para horadar una cantera o sepultar un humedal que se quedó fuera de la Ley Inventario. Los grupos ecologistas ya habían advertido contra los efectos de este fenómeno de “islas ecológicas”.

En 1992, y fruto de una alianza entre grupos ecologistas y algunos líderes jornaleros, como Francisco Casero, se aprobó la Ley Forestal de Andalucía, que tuvo su germen en un plan pactado entre estos activistas y la Junta. La nueva ley -uno de los tres pilares de la legislación medioambiental andaluza, junto a la Inventario y a la Ley de Calidad Ambiental, de 1994- extendió la protección a todas las zonas forestales de la comunidad, que ocupan el 50% del territorio. Las exigencias no eran las mismas que en los parques naturales, pero vino a paliar este efecto isla que dejaba intacto a los parques para que otras actividades económicas se impusieran sin límites sobre el patrimonio natural.

Es lo que ocurrió en la costa. Lejos de la sombra de los bosques, la urbanización se extendió por todo el el litoral andaluz a excepción de lo estrictamente protegido. La Ley de Costas sólo pudo proteger las arenas de las playas debido a un retraso en los deslindes y a una cortedad de miras, que hizo posible que se construyera en el propio ámbito del litoral, a pesar de que en el preámbulo de dicho texto se explica que su objetivo era ése, salvar todo el entorno costero, ya fuera éste, la propia arena de la playa o las dunas y marisma circundantes. El último parque natural creado, el del Estrecho, sólo pretendió impedir la urbanización de una amplia franja de la costa gaditana que estuvo a punto de ser urbanizada minutos antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. El nuevo Gobierno del PP le ha puesto la proa a esta ley que, sin embargo, ya debería haber progresado con reformas más ambiciosas.

Pero el salto de lo puramente natural al concepto medioambiental más amplio se dio en 1994, con la Ley de Calidad Ambiental de Andalucía, que introdujo la necesidad de realizar estudios de impactos y correcciones en obras y actividades económicas y puso coto a las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Andalucía cuenta con una red de vigilancia de la calidad del aire que se asegura el cumplimiento de esta ley por parte de las empresas, potencialmente, contaminantes. Los entornos del Polo de Huelva y de la zona industrial del Campo de Gibraltar, por ejemplo, han cambiado notablemente.

Los avances medioambientales han sido indudables en estos años de autonomía; demasiado rápidos para algunos, que sólo han visto en ello frenos a actividades económicas que, finalmente, se han mostrado tan frágiles como el propio entorno natural. El supuesto talibanismo verde se antoja como una acusación superada por los hechos.

Los incendios no eran una maldición bíblica

EL mayor éxito de la política medioambiental andaluza ha sido la prevención y extinción de los incendios forestales, que cada verano caían sobre la comunidad autónoma como una imparable maldición bíblica. Hoy, Andalucía, una de las comunidades más proclives a padecer estos desastres anuales debido a su climatología, figura entre las zonas con menos siniestros de España. El fuego intencionado había sido una costumbre secular: al monte se le prendía fuego casi por todo. Por prácticas ganaderas para asegurarse mejores pastos en invierno, por venganzas personales, para construir e, incluso, para asegurarse un puesto de trabajo durante el verano. A partir de 1992, cuando cinco personas murieron en una incendio en Monte Prieto, entre Grazalema y Zahara, algo  cambió. Hasta entonces, los retenes forestales cobraban por jornal, y se rotaban a lo largo de la campaña, estaban mal preparados y casi  peor dotados.

Llegaban a trabajar casi 20.000 personas en el monte casi sin ninguna preparación. El Plan Infoca cambió el sistema. A través de la empresa pública Egmasa, se comenzaron a contratar los retenes como fijos discontinuos durante seis meses al año, para, posteriormente, estabilizarlos a lo largo del año. La mitad del tiempo se emplea en la prevención, y la otra, en la vigilancia o en la extinción. El cuerpo de retenes llega ahora a unas 4.000 personas más formadas y algunas de ellas muy especializadas. Toda la actividad, además, se dirige ahora desde los Centros de Defensa Forestal, salpicados por las principales forestas de Andalucía. La reducción del número de hectáreas quemadas (ver tabla) da cuenta de este éxito, aun a sabiendas que tres días de fuerte calor y viento dan al traste con cualquier estadística. Un solo incendio basta.