La Administración de Justicia tiene en la comunidad 683 órganos judiciales y tribunales en los que están destinados 862 jueces. Cada año se investigan casi un millón de delitos frente a los 100.000 de hace 30 años. El retraso y la falta de medios, los problemas más comunes.

Una Justicia con más medios pero que sigue sin dar el salto a la modernidad. En los últimos años se han venido realizando importantes inversiones que, sin embargo, no han contribuido a agilizar una Administración que cada vez se ve más abrumada por el ingente número de asuntos que cada año inundan los órganos judiciales sin que éstos puedan dar abasto. Varios aspectos podrían explicar la situación próxima al colapso en la que se encuentran muchas jurisdicciones. Para empezar, la sociedad andaluza de los años 80, como la española, no acudía a los tribunales en demanda de sus derechos al nivel que lo hace ahora, en el que todo está cada vez más judicializado, a veces en exceso, como denuncian los jueces.

De nada ha servido el aumento de órganos judiciales (actualmente hay 683 en Andalucía ) y de plazas de jueces (862), porque el incremento de asuntos que llegan a los tribunales ha sido de una magnitud sin precedentes. En 1982, los juzgados andaluces incoaron 130.209 diligencias previas para investigar delitos y, de esa cifra, se ha pasado al récord que se ha registrado en los años 2008 y 2009, cuando se han superado por primera vez en la historia el millón de diligencias penales (1.024.368 y 1.039.267, respectivamente). Dicho de un modo más gráfico, el número total de delitos que se investigaban en todos los juzgados andaluces en 1982 representa tan sólo la mitad de los casos que se analizan hoy en provincias como Málaga o Sevilla y es similar a los que se contabilizan en Granada.

La situación es de tal calibre que ha llevado a los jueces a poner de manifiesto que están “sentados encima de un polvorín”, como ocurrió con ocasión del escándalo de los errores judiciales del caso Mari Luz, que permitieron que el asesino de la pequeña, Santiago del Valle, siguiera en libertad cuando cometió el crimen a pesar de que tenía una condena firme por haber abusado de su propia hija.

El panorama tampoco era halagüeño en los juzgados de los primeros años de los 90, en una Administración de Justicia que todavía usaba máquinas de escribir -ni siquiera eléctricas- para tomar una declaración o dar cuenta de un auto u otra decisión judicial. Es cierto que la lentitud y el retraso generalizado que se produce actualmente no se daba en aquella época a estos niveles, con la excepción de la jurisdicción Civil.

En las tres últimas décadas se han realizado importantes cambios que han afectado a la organización de la estructura judicial, como la entrada en vigor de la ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988. Se han producido cambios significativos: las antiguas Audiencias Territoriales de Sevilla y Granada, que abarcaban a las otras provincias andaluzas, dieron paso a las audiencias provinciales; desaparecieron los juzgados de distrito -que enjuiciaban las faltas y otros procedimientos de escasa cuantía en materia civil-; y en 1989 se crearon los juzgados de lo Penal tras una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que el juez que instruía un caso no podía ser después el mismo que dictara la sentencia. En las últimas décadas se ha asistido a una especialización de la Justicia con la creación, al amparo de la promulgación de nuevas leyes, de juzgados unipersonales de lo Contencioso-Administrativo, de Menores, y de Violencia sobre la Mujer, a la que se han ido adaptando los tribunales con escasos medios.

Si se tira de hemeroteca, es curioso ver cómo los primeros presidentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), órgano que culmina la estructura judicial de la comunidad autónoma -creado en 1989-, denunciaban en sus memorias anuales las mismas carencias: falta de medios materiales y personales, agravado por la crisis económica -la de la era post Expo 92-, una nefasta organización, una litigiosidad excesiva y la necesaria informatización de los órganos y tribunales. En este último aspecto sí que se ha producido un avance significativo, sobre todo desde que la Junta de Andalucía asumió las transferencias de Justicia en 1996 e inició el plan de informatización que permitió la instalación de más de 6.000 terminales informáticos en los órganos judiciales andaluces.

En este periodo también se han producido algunos hitos normativos, como la promulgación en el año 2000 de la ley de Enjuiciamiento Civil, que permitió la transformación de un procedimiento eminentemente escrito a uno oral, concentrado y en el que primaba la inmediación del juez en la práctica de la prueba.

Pero la creación de nuevas jurisdicciones y de más órganos judiciales y plazas de jueces y magistrados no ha permitido a la Justicia desterrar el lastre de la lentitud y del retraso endémico que siempre han acompañado a esta Administración porque, como apuntan algunos sectores judiciales, ese crecimiento se ha llevado a cabo sin ningún plan global de verdadera modernización, desde el punto de vista de la organización y de los sistemas informáticos, en contra de lo que ha ocurrido en otras administraciones como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
Las transferencias de Justicia a la Junta han supuesto, en otras ocasiones, mayores disfunciones porque el reparto de competencias se distribuye ahora entre tres focos de poder: el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y eso ha motivado a veces desencuentros entre los distintos estamentos.
La política de creación de órganos judiciales ha colisionado en no pocas ocasiones con la existencia de unos edificios judiciales colmatados, lo que hace que muchas provincias andaluzas todavía estén a la espera de que se creen las ansiadas y prometidas Ciudades de la Justicia para poder contar con una distribución más racional de los espacios.
En cuanto a la evolución de la criminalidad en este periodo, se ha asistido a un incremento espectacular de la delincuencia económica y su relación con las nuevas tecnologías, como las estafas a través de Internet, que han proliferado en los últimos años. También se ha producido un aumento de lo delitos contra libertad sexual, sobre todo de los delitos relacionados con la pornografía infantil a través de la red, mientras que los robos y los delitos violentos se mantienen en un nivel similar al de hace 30 años. Ahora hay más delitos de violencia doméstica -que incluye no sólo la violencia a las mujeres, sino también las agresiones de hijos a padres-, aunque en este caso el incremento puede obedecer a que en los años 80 no se denunciaban como ahora estos delitos.

Los delitos contra la seguridad del tráfico también han experimentado una gran subida, sobre todo por los cambios normativos que han endurecido los delitos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas y la conducción a una velocidad excesiva, o la tipificación como delito de conductas como circular sin permiso de conducir. Paradójicamente,en el año 82 sí estaba tipificado como delito conducir sin carné, pero el Gobierno de Felipe González lo destipificó y desde ese momento pasó a considerarse una infracción administrativa. En 2008, otro Gobierno socialista, en este caso el presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, reformó el Código Penal para introducir la conducción sin carné como un delito castigado con penas de entre tres y seis meses de prisión.
Todas estas reformas han saturado aún más los juzgados al tener que hacer frente a una avalancha de nuevos casos.

El doble de cárceles y una población reclusa triplicada

En los últimos 30 años Andalucía ha duplicado el número de cárceles para atender a una población reclusa que, en consonancia con la tendencia desarrollada a nivel nacional, se ha triplicado. A comienzos de la década de los 80, la comunidad autónoma contaba con nueve centro penitenciarios, uno por cada provincia salvo Cádiz, que tenía las cárceles de Algeciras y El Puerto de Santa María. Se trataba en todos los casos de antiguas prisiones provinciales, con una capacidad máxima de entre 300 y 400 celdas para los centros más grandes. En las décadas siguientes, Instituciones Penitenciarias ha duplicado los establecimientos en la comunidad, en buena parte constituidos por centros prototipo que disponen de hasta 1.200 celdas cada uno. En total hay 11 prisiones y siete Centros de Inserción Social (CIS), que están destinados a internos que cumplen su pena en régimen abierto o que se encuentran en un proceso avanzado de reinserción, que están en situación de libertad condicional o cumplen medidas alternativas como la localización permanente.

En 1986 se inauguró la prisión El Acebuche de Almería, que tiene 478 celdas residenciales y 96 auxiliares, y una ocupación a 31 de diciembre de 2010 de 1.000 internos.

En Cádiz hay tres cárceles ubicadas en El Puerto de Santa María y dos Centros de Inserción Social (CIS) en Algeciras y Jerez de la Frontera. La prisión Puerto III, la última inaugurada y que entró en funcionamiento en 2007, es un centro prototipo que cuenta con 1.008 celdas residenciales y 77 auxiliares. A 31 de diciembre de 2010 tenía 840 internos.
La prisión de Córdoba fue inaugurada en el año 2000. Sus 1.145 celdas -1.008 residenciales y 137 auxiliares- albergaban a finales de 2010 a 1.824 internos, con una media anual de 1.683 hombres y 102 mujeres. Esta provincia cuenta además con un Centro de Inserción Social con otras 135 celdas.

En la provincia de Granada se creó en 1998 la prisión de Albolote, como centro prototipo (1.008 celdas residenciales y 160 auxiliares) y cuenta además con un Centro de Inserción Social. La población reclusa que alberga está compuesta por 1.488 hombres y 157 mujeres.

El centro penitenciario de Huelva, ubicado en San Juan del Puerto, se inauguró en 1996. Tiene una capacidad de 1.008 celdas residenciales y 98 auxiliares.

La prisión de Jaén, que data de 1986, dispone de 385 celdas residenciales y 65 auxiliares, con una ocupación de 736 internos.

Málaga cuenta con la prisión de Alhaurín de la Torre (1991), con 752 celdas residenciales y 130 auxiliares, y un Centro de Inserción Social (2009) con 204 celdas.

Las prisiones de Sevilla-I (1988) y Sevilla-II (2008), ubicada en Morón de la Frontera, disponen de 895 y 1.214 celdas respectivamente. La provincia dispone además de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra (1991), un Centro de Inserción Social, un hospital psiquiátrico penitenciario (1990) y una Unidad de Madres (2010).

Unas plantillas policiales dotadas

Las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están integradas actualmente en Andalucía por 25.776 efectivos (11.351 del Cuerpo Nacional de Policía y 14.425 de la Guardia Civil), aunque los medios con los que cuentan siguen siendo insuficientes, tanto en lo que se refiere a medios técnicos como a instalaciones. En Sevilla se iban a construir cinco comisarías de distrito de la Policía Nacional para el año 2011, pero hasta la fecha sólo se han inaugurado dos.

En el año 2000, la plantilla policiales estaba compuesta por 7.692 agentes en las dos Jefaturas Superiores de Policía que hay en la comunidad autónoma. En la de Andalucía Occidental había 4.205 agentes en ese período y 3.487 en la Jefatura de Andalucía Occidental. Una década después, el incremento de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía es significativo, al haberse alcanzado un total de 11.351 efectivos: 5.865 en la jefatura superior de Andalucía Occidental y 5.486 en la jefatura Oriental. Estas cifras ponen de manifiesto que en tan sólo una década la plantilla de la Policía Nacional ha experimentado un crecimiento del 47,56%.