Más de medio millón de empleados públicos prestan sus servicios a diario en la comunidad, el 80% personal docente, sanitario y de seguridad, pese a que subsiste la imagen de los oficinistas de despacho. La crisis amenaza un estilo de vida a menudo bastante flemático.

A nadie se le escapó una lágrima por el recorte salarial a los empleados públicos en mayo de 2010, en un país que conserva la imagen que Larra trazó ¡hace 178 años! Los trabajadores del sector privado, angustiados por los recortes, la temporalidad y un paro que sobrepasa los cinco millones de personas, envidian su estabilidad laboral, las vacaciones de dos meses de los profesores o sus escapadas en el desayuno. “¡Pues haber estudiado!”, se oye en el eco un millón de veces al día. Primera dualidad a reseñar: los que pertenecen al sector público y los que no, encarados.

Aunque el debate se remonta a los orígenes de la Función Pública, la crisis económica ha avivado el careo, a la par que el empleo público ve cercenados sus derechos y también sus privilegios. Pero, ¿hay margen para más recortes? El globo que han insuflado las administraciones, ¿puede desinflarse sin causar mayor daño? Si el poder político persiste en meter la tijera a los empleados públicos (en lenguaje llano, funcionarios), ¿alguien, de los del otro lado, intentará evitarlo? Y si alguien se plantease en un artículo si sobra personal en las administraciones públicas, ¿viviría para contarlo?

Para comenzar, es necesario conocer el volumen de servidores públicos. En España hablamos de 2,5 millones entre todas las instituciones (estatal, autonómicas y locales); de éstos, el 20% está en Andalucía, casi medio millón. Uno por cada 17 andaluces; uno de cada cinco trabajadores con empleo.

Para continuar, se hace necesario precisar que no todos se dedican a las tareas burocráticas que enojaron a Larra, aquellos funcionarios de manguitos.

Por ejemplo, siete de cada diez funcionarios del Estado pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con las transferencias de competencias a las comunidades, la Administración General apenas se ha quedado con medio millón de empleados en España, unos 80.000 en Andalucía.

Esas competencias han ido a parar en buena parte a la Junta de Andalucía, que supera los 250.000 asalariados. Otros 130.000 funcionarios y laborales reciben su nómina de 771 ayuntamientos y ocho diputaciones andaluzas.
A la suma habría que añadir al menos tres decenas de miles en empresas públicas locales y autonómicas, pero no se facilitan datos oficiales (esta opacidad explicaría la leve disparidad de cifras que aportan el Estado y la Junta).

A la vez que la Junta recibía transferencias y dinero, incrementó su personal. Lejos quedan aquellos primeros pasos en los que la Administración andaluza inició su andadura con 21 funcionarios y 16 laborales. Era 1982.

A esa familia al servicio de la autonomía se unirían miles de transferidos; las primeras y más cuantiosas procedieron de Educación (unos 50.000), en 1983, y Salud (otros 40.000), en 1984. El porcentaje no ha variado: ocho de cada diez empleados públicos de la Junta son hoy docentes o sanitarios.

Hasta 1987 el Gobierno central aprueba más de 80 decretos de transferencias. De aquel “aluvión” de traspasados, 8.583 siguen prestando servicio en la Junta. Personas que protagonizaron aquellos momentos recuerdan que el Gobierno transfirió a quienes quiso, y no precisamente a los mejor preparados. No vinieron ni altos funcionarios ni abogados del Estado. No obstante, aquí fueron elevados a jefes de servicio, como mínimo. Todo lo demás fue personal contratado para montar la estructura de servicios centrales de la que se carecía.

“A Sevilla le tocó la lotería”, describe uno de los actores del proceso autonómico. Llueven los contratos administrativos, casi 20.000 en una primera tirada. Se tira de amigos, no necesariamente del partido en el poder, el PSOE, pero casi. La desconfianza hacia la nueva Administración es diaria. “¿Pero ahí se cobra?”, se pregunta desde Madrid.

En 1984 el Gobierno central aprueba la ley 30/84 de medidas urgentes para la Función Pública, que viene a derogar la anterior de 1964. Un año después, la Junta hace lo propio con una ley autonómica. Crea sus propios cuerpos y en 1987 convoca las primeras pruebas para fichar a sus funcionarios, aunque los exámenes no se celebran hasta 1990.

Estas pruebas pretenden resolver la situación de interinidad de sus primeros trabajadores, esos 20.000 contratados. Es común en el relato que se hable de trato de favor a esos empleados, los que montaron el edificio autonómico, para convertirlos en funcionarios. La teoría no es atrevida: la misma convocatoria de las oposiciones establece que se concurre a las pruebas en régimen de igualdad, pero se complementa con una fase previa en la que se valora la experiencia. “Y ello debe ser así porque una Administración en fase de estructuración definitiva y de consolidación, no puede ni debe menospreciar ni desdeñar los conocimientos y experiencia administrativa adquirida por personas que mediante vínculos jurídicos no permanentes han impulsado, desarrollado y cumplido eficazmente las tareas administrativas demandadas por una comunidad autónoma con no más de cinco años de andadura”, reza el texto.
A pesar de que diluvian los recursos, el Tribunal Constitucional valida las pruebas al entender que se trata de una administración de nueva planta. Quedan miles de interinos que, comparten los mismos interlocutores, son beneficiados en procesos posteriores con exámenes que acumulan una retahíla de calificativos como “ridículos”, “tirados”, “a medida”, “pueriles”… He aquí otra dualidad: se distingue entre los que entraron de la calle, por oposición, los pata negra y, de otro lado, aquellos que acumularon puntos, los interinos que se convirtieron en funcionarios, alguno a su pesar.

En la historia de la autonomía, el número de personal interino que ha ingresado como personal funcionario de carrera tras superar las correspondientes pruebas de acceso asciende a 9.595.

Estas dualidades, tan espoleadas en el clasista universo del empleo público, se traen a cuenta ahora por el polémico decreto ley y posterior ley de reordenación del sector público, que sacó a la calle el año pasado y sigue sacando (hay una movilización este sábado) a un colectivo hasta entonces pegado a la silla e indiferente a los miserias mundanas. La Junta creó otra dualidad al mezclarlos: los funcionarios, un ente de al menos dos cabezas con funcionarios de carrera e interinos, contra los ahora llamados “enchufados”, personal laboral de empresas públicas que han entrado durante décadas en la administración de múltiples y cuestionadas formas.

Para los primeros, se trata de un atropello compartir mesa con ese personal metido por la gatera, sin mérito, concurrencia y publicidad. Los segundos, agraviados, enarbolan sus contratos desde hace años y arremeten contra la clásica figura del funcionario vago que es incapaz por sí solo de llevar adelante las tareas de una administración. Para completar el cóctel, pelea de los sindicatos de clase y los beligerantes sindicatos corporativos por el trozo de pastel del empleo público, el más sabroso en el mercado laboral.

Y, sobre todos ellos, la pesada carga de la crisis económica y el paro. Los funcionarios se rebelan enfurecidos por los inéditos recortes de sueldo (mayo de 2010) y los empleados de las empresas públicas temen por sus puestos, algunos de ellos malogrados pese al discurso oficial de la Junta.

Y es que, por primera vez desde que se recuerda, la seguridad del empleo público se tambalea. Resuenan con fuerza los truenos de la crisis económica y nadie, a estas alturas, da por seguro su puesto. Para toda la vida.

El cinturón aprieta y puede comenzar a ahogar. Los funcionarios y demás empleados públicos leen el Plan Cameron, la situación de Grecia, las pérdidas de subsidios por enfermedad en algunas comunidades, la persecución del absentismo en Madrid y País Vasco, la reforma laboral…

Nada es ajeno. La Junta aprueba el primer ERE interno de su historia, para los veteranos empleados de las cámaras agrarias. En el mundo local, el primer ERE en un ayuntamiento es en Jerez.

La temporalidad crece a marchas forzadas. Según UGT, asciende al 8% en la Administración General del Estado, es mayor en las comunidades y se eleva a un 20% en los ayuntamientos.

Los recortes no son una posibilidad, sino una realidad. Rubalcaba apuesta en campaña por suprimir las diputaciones, esas instituciones en las que se apoyó la Junta en sus inicios antes de desplegar músculo con sus delegaciones provinciales. El PSOE andaluz invita mejor a reflexionar, o sea, nada. El PP por el momento no muestra fisuras en su idea de conservarlas.

Muchos de los empleados públicos, que leían con parsimonia las noticias, comienzan a preocuparse. Muchos reconocen lo obvio: se ha disparado durante muchos años con la pólvora del rey. No se puede seguir así.
Todos los consultados reconocen que en las oficinas, a diario, algunos se pasan el día con los brazos cruzados. Otros están apáticos, sin competencias, mal organizados por sus superiores, desmotivados, melancólicos de las oportunidades perdidas.

Encuentran alternativas. La más comentada pasa por recompensar el esfuerzo y que todos no cobren por igual la productividad. La fórmula se halla en el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007, pero ha pasado desapercibida. Esta clase de incentivos sería un “bombazo”, una manera de incentivar el mérito y una mejora de la imagen del funcionariado en la sociedad. En definitiva, de hacer valer el servicio público, para que quizá dentro de un tiempo, a alguien se le escape una lágrima por ellos si se les recorta el sueldo.