Pese al varapalo proporcionado por el Consejo de Estado y a la rápida retirada del polémico artículo del anteproyecto de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), las entidades de gestión de derechos de autor, con la SGAE a la cabeza, siguen en sus trece y exigen que el enunciado 17 bis, que les daría capacidad legal para bloquear sin previa resolución judicial cualquier web que a su juicio infringiera la propiedad intelectual, vuelva a la redacción final del texto durante su tramitación en las Cortes.

Tras la polvareda levantada con el asunto del canon digital –por cierto, aún lejos de asentarse–, esta vez la estrategia fue colar de tapadillo en la Ley el precepto que, de facto, convertiría a estas gestoras privadas en el órgano censor de internet. Lo hicieron con nocturnidad y alevosía, a última hora y sin las preceptivas consultas previas a los sectores afectados. Pero, simplemente, no coló: se corrió la voz, se expandió la indignación ante tanta prebenda y el Gobierno se vio en la obligación de dar marcha atrás. Al menos hasta que pasen las inminentes elecciones municipales y autonómicas, que luego ya veremos...

También parece seguir a expensas de los próximos comicios el listado definitivo de soportes y dispositivos gravados con el dichoso canon. Y lo curioso del asunto es que todavía no he escuchado decir ni pío sobre el coste de esta demora –stocks de aparatos, módulos y terminales inmovilizados a la espera de saber a qué precio tendrán que venderse, tiendas de fungibles informáticos estranguladas por las reclamaciones de la SGAE, desplazamiento de las compras hacia países sin canon...– a quienes con tanta ligereza como hipocresía enarbolan datos sobre cierres de establecimientos discográficos y despidos en el sector.

Descubierto el pastel, la reacción airada: Los contenidos son el corazón de la Sociedad de la Información, espetaron las gestoras en plan manifiesto desde cinco periódicos con tirada nacional, arrogándose una vez más la representación de aquello que se les escapa. O no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o se dan cuenta pero no quieren que se den cuenta todos los demás: no son ellas quienes generan contenidos. Es más, estaría bien comprobar a dónde las mandarían el grueso de sus asociados si, al menos por una vez, tuvieran la oportunidad ejercer aquella antigua consigna igualitaria: un hombre, un voto.