La noticia salta a la red y se extiende por centenares de blogs, foros, webs y ediciones digitales de medios de comunicación. Y no es para menos:

La introducción de un artículo –concretamente, el 17 bis– en el anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) convertiría a las entidades gestión de derechos de autor en una especie de órgano competente con legitimidad para decidir la suspensión de páginas que presuntamente albergasen contenidos protegidos por copyright, todo ello sin necesidad de resolución judicial.

El mecanismo sería tan simple como inconstitucional (Art. 20.5.- Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial), estableciendo un sistema mediante el cual las operadoras de internet –los prestadores de servicios– estarían obligadas a controlar qué circula por la red y a notificar a las entidades de gestión cualquier presumible vulneración de la propiedad intelectual.

A partir de ahí, bastaría una denuncia en los juzgados y un simple aviso al transgresor para echar abajo una web si este último no diera respuesta en el plazo máximo de diez días, e independientemente de que hasta ese momento mediase o no resolución alguna sobre la licitud o ilicitud del contenido albergado. De actuar conforme a lo estipulado, las operadoras quedarían exoneradas de cualquier responsabilidad, en caso contrario serían tan responsables como el hipotético infractor.

La voz de alarma la dio la Asociación de Internautas, y las reacciones no se hicieron esperar. Las operadoras ya han manifestado que no están dispuestas a convertirse en la policía de la propiedad intelectual en internet, apelan a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones y avisan de que no va a ir contra sus clientes.

Primero, el gol del canon digital, con su algo más que cuestionable sistema de recaudación y reparto; después, la conversión de entidades privadas en poco menos que órganos censores con capacidad legal para bloquear contenidos antes de que la Justicia se pronuncie. ¿Hasta dónde llegará el despropósito? ¿Alguien vigila al vigilante?