Ilustración: Miki&Duarte.

EN 1993, tras un periodo transitorio, la horticultura andaluza comenzó a vender a la Unión Europea sin ninguna barrera aduanera. Esto benefició particularmente a Almería, que ya contaba con una tradición exportadora nacida décadas atrás. Mientras, en Europa, potencias como Holanda sufrían una dura crisis ante la amenaza de un competidor que colocaba sus productos a precios competitivos y sin límite alguno.

Holanda se reinventó. Multiplicó la productividad de sus invernaderos y muchas de sus cooperativas vivieron un proceso de fusión que desembocó en verdaderos gigantes. En el campo hortofrutícola, The Greenery, creada en 1996, factura casi 2.000 millones de euros anuales, casi el doble que toda la industria hortofrutícola andaluza [ver gráficos].

Incluso en una zona tan dinámica como Almería queda mucho por recorrer. Y ya no es una cuestión de simple progreso. Como Holanda en los 90, o Almería se reinventa o será desplazada por nuevos competidores como Marruecos, con cada vez más facilidades para entrar en Europa a precios competitivos. Y esta situación es perfectamente extrapolable a toda Andalucía.

La única manera de sobrevivir será con empresas potentes y con tamaño, porque así se pueden acometer las inversiones necesarias para competir con mercados más competitivos en precio; y porque es lo que exige un poder cada vez más creciente: la distribución. Las centrales de compras de estas empresas están sustituyendo a los tradicionales mercados mayoristas, y se relacionan con unas pocas empresas capaces de adaptarse a la dinámica de la distribución: márgenes estrechos y rotación rápida de productos.

En este cambio de modelo, Andalucía parte en un situación de desventaja, por la atomización de las cooperativas y las industrias agroalimentarias. Para entender el porqué de esta dispersión, hay que remitirse a la historia. En los años 80 y  90, al calor de los avances en agricultura y de las ayudas europeas, se produjo un boom de empresas y cooperativas con efectos muy positivos. Las almazaras, muy anticuadas, se modernizaron; proliferaron por la región nuevas instalaciones, las cooperativas incorporaron profesionales y, salvo excepciones como Almería, que ya llevaba tiempo haciéndolo, se comenzó a mirar al exterior. Hoy, la empresa andaluza, incluso en el caso de las pymes, es eminentemente exportadora. El 30% de las ventas andaluzas externas proviene de la agroindustria y la región compite todos los años con Cataluña por liderar el raánking en este ámbito. Pero al mismo tiempo se fomentó la creación de nuevas pymes y cooperativas. Se pensó que una sociedad -o más- en cada pueblo ayudaba a crear empleo y a fijar la población al medio rural. Las políticas públicas de la Junta, durante muchos años, han subvencionado el nacimiento de nuevas cooperativas. La consecuencia ha sido que en provincias como Jaén hay hasta tres o cuatro en algunos pueblos; incluso en Almería hay hasta 376 empresas, entre cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). A nivel andaluz, en el 85% hay menos de diez trabajadores y sólo 29 (de 5.000) cuentan con más de 200.

Eso tiene su reflejo en la riqueza. Con los datos del PIB regional de 2009, último disponible, la agroindustria catalana genera 1,60 euros por cada euro que produce la rama agraria. Andalucía solamente aporta 0,52. Lo que quiere decir que el peso andaluz en el sector primario, el 30% de todo el país, no se corresponde con el de la industria vinculada, que es, al fin y al cabo, la que genera el valor añadido.
Si se mira el lado positivo, el potencial andaluz de crecimiento es amplísimo. Pero en el mercado global de hoy, y con la distribución concentrada en no muchas manos, éste sólo se producirá con empresas de gran dimensión. Las pymes que funcionarán bien sólo serán aquellas que ofrezcan un producto perfectamente diferenciado o de muy alta calidad.
Sería injusto decir que no se han dado pasos en la dirección correcta. La anterior crisis, entre 1993 y 1995, produjo una primera depuración, y algunas empresas sí pusieron el empeño en el tamaño. Por mencionar algunas, está el caso de la malagueña Hojiblanca, primer productor mundial de aceite de oliva virgen extra y aliada con la multinacional norteamericana Cargill; la cordobesa Covap, interproveedor de leche de Mercadona y con presencia destacada en el Ibérico; la almeriense Casi, primera exportadora española de tomate; o la sevillana Acesur, todo un ejemplo de diversificación geográfica: exporta aceite de oliva a 70 países de todo el mundo.

En los últimos años los procesos de unión han dado lugar, en Granada, a la cooperativa Tierras Altas para la comercialización de aceite de oliva; o, en Almería, a Mugiverde y, más recientemente, a Unica Group para la venta de productos hortofrutícolas. También han nacido experiencias como Interóleo, en Jaén, que funcionan como central de ventas para comercializar el producto de varias cooperativas.
Si hace unos años el clima social era el de fomentar la creación de pymes y cooperativas, ahora, con la crisis, es el de concentrarlas. Pero la evolución es insuficiente. Entre 1999 y 2009 el ritmo de reducción de empresas ha sido del 1%, frente al 2,3% del resto de sectores industriales. Y se ha pasado del localismo al provincialismo en muchos casos. Es cierto que esa conciencia provincial ha traído su beneficio, ya que ha fomentado un clima en el que las empresas han compartido conocimientos y se ha creado un cierto estado de innovación en la zona. Es el caso de Jaén con el aceite de oliva, la propia Almería con frutas y hortalizas o Huelva con la fresa y el jamón ibérico. Pero el mercado es implacable y ya no cabe otra que una mirada supraprovincial e incluso que vaya más allá de la propia Andalucía. Eso ya lo hacen empresas como la propia Hojiblanca, que ha integrado en su seno a cooperativas de Castilla-La Mancha.

En la raíz de esa dificultad para invertir la atomización está la resistencia de las propias cooperativas. Y eso tiene más que ver con los egoísmos personales, con pequeñas cuotas de poder, que con el propio interés del agricultor, en muchos casos favorable a integrarse en entidades mayores. Antonio Luque, director general de Hojiblanca y ex presidente de Faeca, explica que los consejos rectores de muchas cooperativas se resisten a convocar asambleas para debatir la integración. Se enrocan con la excusa localista, o con la de que su producto es el mejor, y prefieren sobrevivir a duras penas que impulsar un proyecto mayor. Mejor cabeza de ratón que cola de león. Las dificultades no son técnicas: sobre la mesa de muchos directivos hay informes sobre la viabilidad de fusiones y sobre cómo hacerlas.

El camino está ahí, perfectamente marcado. El problema es que muchos no están dispuestos a andarlo.
Es injusto generalizar. Algo tendrán que ver las experiencias de integración con el hecho de que las cooperativas andaluzas asociadas en Faeca hayan incrementado en casi 2.000 millones su facturación entre 2004 y 2010, hasta los 4.312. En los años de la crisis la cifra de negocios se ha mantenido estable y el número de entidades ha descendido en 48, de 727 en 2008 a 679 en 2010. Insuficiente, sí, pero menos da una piedra.
La crisis, además, ha sacado a la luz con fuerza algunas de las fortalezas del sector, como la tradición exportadora. Sin ella, muchas empresas habrían cerrado, y gracias a ella la agroindustria ha resistido mejor que otras actividades. Frente a la tendencia general, su producción industrial se ha incrementado durante la crisis. Pero esta válvula de escape puede ser efímera si las centrales de compra de la distribución siguen ganando peso en detrimento de los tradicionales mercados mayoristas y si países terceros siguen ganando terreno.
Andalucía cuenta con otras ventajas estructurales, como una apuesta por la calidad en todos los sentidos: los fondos europeos, al menos, han sido aprovechados para crear una buena red de instalaciones. La Consejería de Agricultura ha creado la marca Calidad Certificada, y hoy las empresas que se han adscrito a ella, agrupadas en la asociación Landaluz, generan aproximadamente el 40% de la facturación del sector agroalimentario andaluz. Para la horticultura se han lanzado normas de calidad para exportar las frutas y hortalizas en las mejores condiciones. Y en Almería se ha desarrollado con éxito el control biológico de plagas. Desde los poderes públicos se ha impulsado también la producción ecológica y durante los últimos 30 años se han extendido las denominaciones de origen, que añaden un plus de prestigio a los productos que se comercializan desde Andalucía.
Faltan, sin embargo, dos elementos esenciales. Por un lado, unas pocas cooperativas andaluzas capaces de superar los mil millones de facturación y hablar de tú a tú con la distribución. La que más se acerca, ahora, está en la mitad. Y, por otro, la potenciación de la marca Andalucía. Manuel Jurado, presidente de Landaluz, va más allá: dentro de España, la marca regional y fuera, la del país, que es la que realmente vende. Las denominaciones de origen están bien para consumo interno, pero, salvo excepciones, apenas si son conocidas en el exterior. La región también se enfrenta al reto de, en aceite de oliva, aumentar la capacidad de envasado, que ahora cubre sólo entre el 15% y el 25% de las ventas. Debe adaptarse a lo que demande el mercado, porque el granel también es una opción. Migasa, con 620 millones en ventas, basa en esta actividad gran parte de su éxito.
Las empresas tendrán que acomodarse a las nuevas reglas. El precio viene marcado desde fuera. No es la propia firma la que calcula un coste y un margen y en función de eso pone un precio. Es al revés: el precio es uno, marcado generalmente por el distribuidor, y la entidad hace todo lo posible por adaptarse. Esa eficiencia que se exige es más fácil lograrla con tamaño y ésa, a pesar de su escasa disponibilidad económica, debe ser la obsesión de la Administración.
Se han dado buenos pasos. La nueva ley de cooperativas de la Junta elimina restricciones. Da libertad para que puedan incorporarse inversores o para establecer el voto ponderado. Si no se pierde el objetivo, el de ofrecer rentabilidad al agricultor, no se debe limitar el crecimiento de estas entidades. En Cataluña la cooperativa cárnica Guissona, de Lérida, creó en 1999 una corporación industrial en la que dio entrada a inversores privados. Hoy tiene una caja rural y ha entrado en el negocio de las gasolineras. Y facturó nada menos que 1.150 millones de euros en 2010.