Ilustración: Miki&Duarte

AQUEL caluroso 21 de junio de 1982 en el que se convertía en el primer presidente del Parlamento, el socialista Antonio Ojeda destacaba que frente a la falta de medios con la que arrancaba la autonomía andaluza, había mucha ilusión por parte de quienes iban a dirigir su futuro. Ahora la ilusión está algo desvaída, pero lo que no faltan son recursos. El salto de los primeros presupuestos de apenas 17 millones a los 32.020 previstos para este año es significativo para describir la dimensión adquirida por la autonomía andaluza, en la que viven 8.4 millones de personas. Ha experimentado una evolución indudable, pero aún queda relegada a las posiciones de cola en renta per cápita del país y se sitúa en los primeros vagones en fracaso escolar. Han pasado 30 años, pero persisten problemas, como el paro estructural que hoy afecta a 1,2 de los millones de andaluces en edad de trabajar, el  31,23% de la población.
La primera legislatura vino marcada por su primer presidente, Rafael Escuredo. Arrasó en las urnas aquel 23 de mayo. Se hizo con 66 diputados de los 109 que componen la Cámara. Estaba todo por hacer: el escudo y el himno, pendientes de una ley que se aprobó en la primera legislatura; competencias y presupuestos. El Parlamento era el más variado que se recuerda. Cinco partidos convivían bajo el techo de los Reales Alcázares de Sevilla. El PSOE tenía como oposición a los 17 diputados de Alianza Popular, 15 de la UCD, ocho del PCA y tres del PSA, que acabaría la legislatura siendo el PA, siglas a las que cambió en 1984. Siete meses después, por falta de espacio, se mudarían a la Real Audiencia de Sevilla, que la Caja San Fernando cedió para que se pudiera discutir, entre otras normas, la más importante de esos cuatro años: la Reforma Agraria. Los desencuentros con el Gobierno de Felipe González, por esta y otras leyes, desgastaron tanto a Escuredo que acabó por dimitir en febrero de 1984, aunque en su cómputo presidencial hay que anotar también el trienio 1979-1982, en el que fue presidente de la Junta preautonómica. Le sucedió José Rodríguez de la Borbolla, que cerraría la primera y la segunda legislatura, hasta 1990. El Parlamento ya estaba en una nueva sede: la iglesia de San Hermenegildo, un edificio con gran  tradición parlamentaria, que acogió  las Cortes Generales en  1823.

La segunda legislatura vino marcada por los cambios de siglas. El PSA era el PA. Los comunistas se convirtieron en Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía. Con el alcalde de Córdoba Julio Anguita al frente, lograrían 19 escaños, de los que un buen mordisco fue por los votos del PSOE que se desviaron tras el referéndum de la OTAN, que se produjo dos meses antes de aquellas elecciones autonómicas, que coincidieron con las generales. El PSOE bajó a 60 diputados, pero siguió con mayoría absoluta, y el PA logró sólo dos. El principal grupo de la oposición estaba formado por los 28 diputados de la Coalición Popular que formaban Alianza Popular (20), que lideraba Antonio Hernández-Mancha, con PDP (seis, entre ellos Javier Arenas) y UL (dos), que recogieron la herencia de UCD. En estos cuatro años se afianzó la estructura de la Junta. Se crearon la Cámara de Cuentas y la Radio Televisión de Andalucía, y se tomaron importantes decisiones, como que cada provincia tuviese su propia universidad. Y se colocó la primera piedra de la A-92. A punto de acabar el mandato, el PSOE se enfrenta a uno de los primeros casos de corrupción: el de Juan Guerra.

En las autonómicas de 1990, el PSOE reforzó su mayoría absoluta con 62 escaños, con el estreno de Manuel Chaves como presidente, cargo en el que se quedaría hasta abril de 2009. El PP se estancó en 26 diputados e IU bajó a 11. Los andalucistas tuvieron su mejor resultado con Pedro Pacheco como candidato y 10 escaños, pero en 1993 sufrieron una de las muchas escisiones que tuvieron hasta desaparecer en 2004 de la Cámara. Pedro Pacheco se enfrentó a Alejandro Rojas Marcos, fundador del PSA-PA, y creó el Partido Andaluz de Progreso. Ésa es la legislatura del 92. La de las grandes obras transformadoras de la capital autonómica. La del AVE a Madrid. La de la Expo. La de las comisiones del caso Ollero. También la de la Ley de Cajas y las primeras fusiones de cajas. El Parlamento deja de ser itinerante y se asienta definitivamente en el Hospital de las Cinco Llagas.

El bienio de la llamada pinza. Entre 1994-96, el PSOE gobierna en minoría. Es la etapa más corta y de más negro balance para el PSOE. Se quedó sólo en el Gobierno. El PA, con tres diputados, no le sirve para compensar el avance espectacular de PP e IU, con 41 y 20 parlamentarios, respectivamente. Chaves ofrece a IU un acuerdo estable. Lo rechaza. Prefiere quedarse en la oposición con el PP, y ambos de la mano frenar toda iniciativa socialista.

La legislatura es un pulso constante, en el que lo único que salió en el Parlamento por unanimidad fue un ataque de risa. Tras ocho horas de debate ininterrumpido de los Presupuestos, en noviembre de 1994, un ataque colectivo de hilaridad lleva a suspender la sesión. La imagen de los parlamentarios da la vuelta al mundo. Un error humano disipó la bronca política y dio pie a la carcajada. Hoy, 18 años después, es un vídeo que en internet suma 900.000 visitas [http://cor.to/6sk]. Nunca un Pleno tuvo tanta audiencia.
Menos gracia tuvieron los siguientes Presupuestos. A la vista de que el PSOE no sacaba adelante su proyecto para 1996, en pleno debate presupuestario, a Chaves se le congeló la sonrisa; se vio forzado a convocar elecciones anticipadas. El balance legislativo no pudo ser peor: sólo vieron la luz ocho leyes.

En 1996 era la primera vez que el PP tenía las encuestas a su favor. Todo apuntaba a que Arenas llegaría a la Presidencia de la Junta. Pero Andalucía castigó la pinza. PP e IU perdieron votos y se volvió a confiar en el PSOE, sin mayoría absoluta. Y pacto un gobierno con los andalucistas. Los socialistas lo rentabilizaron  y el PA no pudo o no lo supo sacarle partido. Tuvo las consejerías de Relaciones con el Parlamento y Turismo y Deporte. Su papel de socio de Gobierno quedó aplastado por la maquinaria socialista a pesar de que se habían reconciliado el PA de Antonio Ortega y el PAP de Pedro Pacheco.

Las tensiones entre el Gobierno central de José María Aznar y de la Junta de Manuel Chaves crecen por días por las discrepancias en el sistema de financiación autonómica. Nace la llamada confrontación, por la que muchas de las decisiones del Ejecutivo andaluz acaban ante el Tribunal Constitucional, como la subida de las pensiones no contributivas. Otro elemento de polémica será la Ley de Cajas (1998). La oposición ve un interés desmedido por el PSOE de tener bajo su control a las entidades financieras. Quien no escapó al control del Parlamento fue el alcalde de Marinaleda y diputado de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo. El único aforado suspendido de empleo y sueldo por haber cobrado doble salario público durante un año. Un despiste, adujo.

Lo que querrá tener también bajo su control el Gobierno andaluz durante el siguiente cuatrienio 2000-2004 será el suelo. Quiere poner coto a los abusos urbanísticos que al calor de la especulación del ladrillo están consintiendo los ayuntamientos. Lo hace con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), un instrumento que no gusta a la oposición, en este caso PP e IU. El PA sigue como socio de gobierno del PSOE. Pero, lejos de ser una etapa de calma, vuelve a vivir en estos años una nueva escisión. Dos de los cinco diputados del Grupo Parlamentario Andalucista abandonan las siglas, pero no su escaño. Uno de ellos es de nuevo Pedro Pacheco, que acabará fundando el PSA. En 2001 se dan los primeros pasos para la reforma del Estatuto andaluz. Y arranca la Segunda Modernización, con el eslogan de Andalucía imparable, que debe asomarse a la nueva sociedad del conocimiento, al bilingüismo, a las nuevas tecnologías. Una estrategia ideada por el PSOE para oxigenar a un Gobierno al frente del cual Chaves ya lleva 11 años.

Lejos de dar síntomas de agotamiento, el proyecto socialista recupera en 2004 la mayoría absoluta. El proceso estatutario anunciado en 2001 arranca. En septiembre de 2004 se crea el grupo de trabajo de la ponencia para la reforma del Estatuto, con 11 miembros de PSOE, PP, IU y PA. El debate absorberá tres años de esa legislatura. En febrero de 2007 se celebra el referéndum por el que los ciudadanos aprueban un texto que ha pasado por el Parlamento, el Congreso de los Diputados y el Senado.

De la aventura estatutaria sólo se descuelga el PA. Esa decisión, unida a sus guerras internas, le llevará a una campaña electoral en 2008 en la que no será capaz de sacar ni un solo escaño. Aparte del Estatuto, hubo otras leyes de peso como la Ley de Educación de Andalucía o la de Vivienda Protegida, a la que habría que sumar el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), un instrumento que flexibilizaba las restricciones de la LOUA. Sin embargo, no hay freno a las ansias urbanísticas de muchos alcaldes hasta que Marbella revienta. La operación Malaya empuja al Gobierno andaluz a pedir la disolución de su Ayuntamiento, el máximo exponente de la corrupción municipal.

Manuel Chaves está a punto de cumplir dos decenios al frente de la Junta, y gana de nuevo las elecciones de 2008. Parecía una segunda legislatura con el viento a favor. Una economía que crece sin parar y una mayoría absoluta que le permite gobernar sin sobresaltos. Pero las cosas se tuercen. La desaceleración económica que se pronosticaba va dando paso a una crisis sin precedentes. Es hora del relevo. Pasa el testigo a su vicepresidente económico, José Antonio Griñán, y se marcha a Madrid para ser vicepresidente del Gobierno para la Administración Territorial.

Griñán se estrena capeando una coyuntura económica, política y social complicada, que desgasta a pasos agigantados al PSOE a nivel nacional. En Andalucía, el PP va ganando terreno electoral en las encuestas. Y a ello contribuyen el castigo por la gestión de la crisis, los 30 años del mismo proyecto político y los desaciertos. La reordenación del sector público, el intento fallido de una gran caja andaluza o golpes inesperados como dejar en suspenso la gestión del Guadalquivir prevista en el nuevo Estatuto. Y la cantinela de arrimar el hombro no cala. Ni en el Gobierno ni en la oposición.

El último capítulo de esta legislatura se escribirá el próximo 25 de marzo. Habrán pasado 30 años en los que del tractor se ha pasado a la Alta Velocidad, para acabar en la banda ancha. No habrá que esperar a la pegada de carteles, al boletín radiofónico o al periódico. Al instante, llega el tuit del político poniendo al día al electorado.

Las leyes que marcaron época

La unanimidad es un fenómeno que políticamente se da más de lo que mediáticamente trasciende. Si no hay bronca, la tensión informativa disminuye. El consenso no da para titulares. Pero sí vale para señalar algunas de las leyes que han marcado estos 30 años. Los diputados de PSOE, PP, IU y PA consultados tienen claros cuáles son esos hitos.

El más veterano, Manuel Gracia, que lleva ocupando su escaño socialista desde 1982, como Plata y Caballos, cita la Ley de Reforma Agraria (1984) como el germen de la modernización y de la mejora de la capacidad productiva de la agricultura, y, por ende, de toda la sociedad andaluza. Para el coordinador regional de IU, Diego Valderas, parlamentario desde 1994, fue un golpe de efecto brillante que en la práctica no sirvió para que Andalucía aprovechara su potencial agroalimentario, que, unido al retroceso industrial, configura una economía dependiente y sin perfil propio.

En el PP son la LOUA y la Ley de Cajas las leyes más representativas de una forma de gobernar. Un Gobierno, el del PSOE, que, para el popular Jorge Ramos, busca algo más que el control, “la intromisión en las competencias de los ayuntamientos y de las entidades financieras”. Una necesidad de tenerlo todo bajo su dominio que, según Ramos, “ha llevado año tras año a los socialistas a sacar el rodillo y no aceptar ni una mínima parte de las miles de enmiendas” que han presentado a la ley de leyes, los presupuestos, que desde  1982 ha seguido una curva ascendente imparable, hasta que con la crisis se haya congelado durante dos años.

La reforma del Estatuto fue un  tren de seis años de debate. En el último momento el PP se subió al vagón que ya dirigían desde la locomotora PSOE e IU. No lo hizo el PA. Como recuerda su ponente y actual secretaria general del PA, Pilar González, sus siglas querían más autonomía para Andalucía, un Estatuto potente y no de mínimos como el que salió.

En lo que también hay unanimidad es que Andalucía ya no es lo que era. Pero es la botella medio llena o medio vacía. Para Gracia han sido los años del crecimiento, la convergencia respecto al resto del país y de Europa. La oposición ve lo contrario. Un “sabor agridulce” y “claroscuros”  es el resumen d Ramos, González y Valderas. Tienen la sensación de oportunidad perdida para Andalucía, a la que no niegan un progreso que ha ido al unísono con el del resto del país y, por tanto, no ha avanzado. Sigue en el mismo punto de partida.