Ilustraciones: Rosell

La supervivencia de los ayuntamientos, muchos de ellos ahora al borde del abismo, pasa en el futuro por la instauración de un marco legal clarificador que redefina sus competencias, pero sobre todo por una revisión en profundidad de su sistema de financiación.

Tienen los ayuntamientos salvación? Puede parecer que la pregunta está hecha en términos catastrofistas, pero no hay más que asomarse a la larga nómina de municipios andaluces -algunos instalados en el  top ten de los principales de la comunidad autónoma- o echar un somero vistazo a las noticias locales un día sí y otro también para constatar una terrible realidad: se ha agudizado su fase terminal, son objeto de tratamientos de choque sin resultados que den pie al optimismo y han emprendido, renqueantes, la segunda década de este milenio añorando que cualquier tiempo pasado en estos últimos treinta años fue mejor.

Los ayuntamientos, a pesar de su potencialidad teórica como instrumento de servicio al ciudadano, para el que son la institución más cercana y por tanto la que antes y mejor debiera atender sus demandas y necesidades básicas, constituyen el apartado más frágil de la red institucional de la organización territorial del Estado. Ninguna otra administración está sufriendo tanto la violencia de la crisis financiera y económica. Muchos ayuntamientos necesitarán lustros para reponerse, y en muy pocos casos se puede hablar de rehabilitación, porque para llegar a esa fase tendrán que pasar antes por su recuperación, cuando no por una resurrección. Sí, a algunos municipios ya sólo les queda un milagro. El tamaño del agujero de su deuda ya es materia de estudio para los astrofísicos.

Ese cráter no se ha abierto de forma espontánea. No ha surgido de una explosión inmediata. Ha ido creciendo a lo largo de todo este tiempo. Las capitales, ciudades y pueblos de Andalucía también tuvieron su boom -nadie duda a estas alturas de su protagonismo en la transformación del tejido social de Andalucía-, si bien en la cuenta de resultados de ese fenómeno histórico puede comprobarse que hubo mucho más beneficio (rédito electoral) para un partido político, el PSOE, que para los propios municipios. El 8 de mayo de 1983 el socialismo andaluz se expandió y clavó sus vientos en los cuatro puntos de la geografía autonómica en una década políticamente teñida de rojo. Hubo islotes sonados, como el califato de Julio Anguita en Córdoba o el bastión andalucista de Pedro Pacheco en Jerez de la Frontera (Cádiz). Transcurridos los años brotarían -algunos como setas venenosas- partidos minoritarios y localistas con líderes herederos del caciquismo más detestable y que tanto daño ulterior han hecho a los pueblos y ciudades en los que cuajaron: su versión más nefasta, el partido de Jesús Gil en la franja Campo de Gibraltar-Costa del Sol.

Eso ya es historia, como se sabe. Las últimas elecciones municipales, el 22 de mayo del año pasado, dieron una victoria abrumadora al Partido Popular. Es ahora éste el que tiñe de azul el mapa andaluz, sí, pero el color de los números de las cuentas municipales es más rojo que nunca. Y los alcaldes populares hacen encajes de bolillos para sacar dinero de donde no lo hay. ¿La alternativa? Han sacado las tijeras de podar gastos.

¿Qué ha ocurrido en los ayuntamientos? Corrupción política al margen, aunque es complicado en casos muy concretos  desligar la gestión pública de ciertos ediles de su afición por el pillaje -basten como ejemplos más malsonantes de expolio salvaje a cargo de sus dirigentes locales los de Marbella (Málaga) con el GIL, y El Ejido (Almería) con el PAL-, los equipos de gobierno de los consistorios,  sean del color político que sean, han sobredimensionado a lo largo de todo este período sus posibilidades, asumiendo competencias sin tener en cuenta su débil musculatura financiera.

Y ese sobreesfuerzo que ha esquilmado las arcas municipales ha estado dominado por un sistema de financiación local que se ha  demostrado obsoleto y una forma inadecuada de gestionar y ejecutar los presupuestos, atendiendo a objetivos irrelevantes cuando no asuntos de los que ya se ocupan otras administraciones públicas, como los gobiernos central o autonómico o las diputaciones. Si a todo ello se añade un sistema recaudatorio ineficaz, la concesión a mansalva de  subvenciones a organizaciones, entidades e instituciones locales de toda laya sin tener en cuenta ni su trascendencia ni su implantación en el ámbito de la sociedad, y una participación de los tributos del Estado que funciona al ralentí, el drama se acentúa.

El escenario es, entonces, el de alcaldes desesperados aplicando recortes, suprimiendo empresas y organismos públicos insostenibles, promoviendo expedientes de regulación de empleo cuando no achicando plantillas  -ejemplo: Los Barrios (Cádiz), 178 trabajadores a la calle-, ultracongelando salarios, impagando nóminas-ejemplo: Jerez, donde se vive una crispación social sin precedentes-, eliminando servicios sociales, finalizando contratos con concesionarias, dando la espalda a sus compromisos con la Seguridad Social, desatendiendo la cada vez más imponente deuda con los proveedores…

Antonio Aragón Román, presidente del Colegio Oficial de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local en la provincia de Cádiz, enumera las causas de este panorama devastado, y destaca entre ellas un “deficiente sistema de financiación local” que ha propiciado que los responsables de las entidades locales “se hayan visto abocados a asumir competencias impropias por imperativo legal, sin contar con la financiación adecuada”. Es una situación que propicia una normativa de Régimen Local “vetusta”, porque la Ley de Autonomía Local de Andalucía, aprobada por el Parlamento en 2010 está, a juicio de Aragón Román, “pendiente de desarrollo y carecerá de verdadera eficacia si no se coordina con la la anhelada Ley Básica del Gobierno Local, de carácter estatal”. La vigente ley es de 1985 y sus modificaciones recientes, la última de 2003, “no hizo sino dificultar y empeorar” la situación.

Durante ese boom municipal, las plantillas de muchos ayuntamientos engordaron descomunalmente, en muchos casos mediante selecciones de personal en las que no primaron el mérito ni la capacidad, y además, en paralelo, se externalizaron servicios sin contar con los propios trabajadores, generando de esta manera un “doble, triple o cuádruple gasto” que ahora, en pleno crash, presenta una factura gigantesca.

Este experto propone, entre otras medidas, como remedios inmediatos para al menos paliar la grave situación actual de los municipios, una revisión del sistema de financiación de los ayuntamientos coronada por la máxima “estas son las necesidades vecinales, esta será la financiación”, proscribiendo cualquier estipendio; priorizar la “verdadera” modernización del marco legal en el que deben actuar los ayuntamientos con una actualización de sus competencias, “abandonando todas aquellas que no les sean propias”; reforzar la figura de los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local, figuras cuyo papel “se ha debilitado injustificadamente” durante estos años; profesionalizar las plantillas municipales potenciando la función pública y suprimiendo los cargos de confianza y los asesores externos; limitar el papel de los políticos a la actividad política reservando a los técnicos la gestión de los servicios; valorar correctamente los puestos de trabajo impidiendo casos como los de auxiliares administrativos cobrando más de 2.000 euros y policías locales más de 3.000; e implantar de forma general sistemas de control del gasto de la eficiencia…

No se trata de una bateria aislada de propuestas para sanear la delicada situación financiera de los ayuntamientos de cara al futuro. Son peticiones que se llevan haciendo desde hace tiempo en numerosos foros, y son también serios llamamientos de especialistas y profesionales de la cosa pública en el entorno más cercano y el que mayores vínculos mantiene que con el administrado, el de los municipios.  Según datos del Ministerio de Economía (al cierre de 2010), la deuda de las ciudades y pueblos andaluces sobrepasaba los 4.527 millones de euros. Los primeros ayuntamientos de este ránking negro son el de Málaga y el de Sevilla, cuyo agujero se sitúa alrededor de los 700 millones. Y la pregunta es: ¿Suma y sigue?

Manuel Barea es redactor jefe del Grupo joly

Ilustraciones: Rosell